El escándalo en que se convirtió el último choque entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Campeonato Femenino, el miércoles pasado en el Centro Deportivo Azul, puede traer durísimas consecuencias para el conjunto azul. Y no sólo por el informe que evacuó la árbitra del compromiso, Madelaine Rojas, que enumera varios incidentes.

El más evidente fue la falta de una ambulancia, como exigen las bases. Un choque entre Javiera Grez y Antonia Canales, terminó con la delantera en estado inconsciente y exigió un vehículo de emergencia. En definitiva, un carro policial la condujo a un centro asistencial y la jugadora pasó la noche en observación por pérdida de memoria.

La jueza también denunció el mal comportamiento del público: los asistentes invadieron el campo de juego y utilizaron extintores, lo que retrasó el inicio del partido; y sobre el final, lanzaron rollos de papel cerrado, hasta que uno golpeó a la colocolina Isidora Olave. Por esta razón, la réferi advirtió que suspendería el partido si se repetía un episodio similar.

Estos aspectos serán abordados por el Tribunal de Disciplina y ponen en riesgo la localía de las azules. Pero la pena puede ser todavía mayor, si el directorio de la ANFP decide denunciar a Universidad de Chile por la falta de control en el ingreso de los hinchas y la entrega de invitaciones, que contraviene el artículo 66° Bis del Código de Procedimiento y Penalidades.

"Será considerada contribución el otorgamiento de entradas para cualquier clase de partidos", asegura la normativa, que sanciona duramente a los implicados, de manera institucional, con la pérdida de diez puntos del campeonato por parte del equipo que se considere culpable de la entrega de los boletos.

Pero no es lo único. El dirigente que "participe en calidad de autor, cómplice o encubridor" arriesga diez años de inhabilitación para el cargo; el funcionario implicado puede ser despedido y si el club se opone, deberá pagar dos mil UF; mientras que jugadores y cuerpo técnico sufrirán diez partidos de suspensión si aparecen involucrados.

 

En ese sentido, se esperaba que el presidente de Azul Azul, Michael Clark, explicara el desaguisado en el CDA, pero no hubo preguntas al respecto en la rueda de prensa de este lunes. Desde el cuadro azul aseguraron a Redgol que los invitados eran, en su mayoría, abonados al fútbol masculino; y que los poseedores de las cortesías estaban empadronados.

Sin embargo, el argumento no se condice con el comportamiento del público. Como denunció la delantera alba María José Urrutia, en el programa Primera Ronda que transmite Redgol, cuando una de las jugadoras del Cacique, Fernanda Hidalgo, fue reemplazada, "le gritaban cosas, le tiraban cosas y escupos".

Por esta razón, la ANFP deberá abordar la situación y decidir si efectivamente llevará a Universidad de Chile al Tribunal por estas faltas. En ese sentido, la norma establece claramente que la mesa que encabeza Pablo Milad es la "única titular para denunciar y hacerse parte ante el Tribunal".

La acusación tiene un plazo de quince días corridos desde la ocurrencia de los hechos (hasta el 16 de junio), con la aprobación de dos tercios del directorio, es decir, cinco de los siete miembros que componen actualmente la plana mayor de la ANFP. Un problema que compromete a las más altas esferas del fútbol chileno.

Qué dice el reglamento de la ANFP