Un nuevo movimiento en la investigación del grupo Sartor se destapó esta jornada, con un arremetida de uno de los directores de Azul Azul luego de los allanamientos realizados la semana pasada por parte del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones que salpicaron a Universidad de Chile.
En ese sentido, según relatan en Informe Especial “José Ramón Correa, interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones Santiago para declarar ‘ilegal’ la incautación de los documentos y aparatos tecnológicos de la sociedad Romántico Viajero SpA, en el marco del llamado caso Sartor”, explican.
El director y abogado, que es el actual vicepresidente de la concesionaria Azul Azul, hizo valer su molestia al ser uno de los involucrados en los allanamientos de la policía.
José Ramón Correa con Michael Clark en U de Chile.
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José Ramón Correa presentó recurso por los allanamientos
Fue el mismo medio quien entregó detalles del recurso presentado por José Ramón Correa: “De acuerdo con el documento, el segundo propietario más relevante de Azul Azul esgrime que la resolución emanada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago —que autorizó la medida intrusiva realizada el pasado 4 de mayo— no lo menciona formalmente a él como imputado ni menos a su empresa, mediante la cual controla el 21% de las acciones de la concesionaria del Club Universidad de Chile“.
Dentro de la apelación dejan en claro que “la pesquisa aludida requisó escrituras y contratos de la sociedad, además del celular personal de Correa y el computador desde su oficina”.
En el documento registra la molestia por el procedimiento, donde, según su versión, no estaban involucrados en la orden inicial de los allanamientos.
“La Policía de Investigaciones atribuyó en un instrumento oficial, la calidad de imputado que el tribunal en su resolución no reconoce ni justifica en parte alguna”, explican.
“Tal atribución carece de toda base legal: don José Ramón Correa Díaz no figura en el listado nominativo de imputados, respecto de los cuales el tribunal había autorizado practicar medidas intrusivas, no existiendo ninguna otra resolución judicial que lo haya sindicado en ese carácter”, finaliza.
