El Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), fue uno de los principales blancos de críticas y acusaciones de intervencionismo electoral de cara al plebiscito del 4 de septiembre, producto de las campañas informativas lideradas por la cartera comandada por la ministra Camila Vallejo. Sin embargo, la Contraloría determinó que el ministerio acreditó el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas.
Tras un mes de trabajo, el órgano contralor entregó las primeras conclusiones de la investigación especial que lleva adelante en La Moneda tras algunas acusaciones de intervencionismo surgidas en la oposición, cuyos dardos apuntaron a la Segegob.
Según el órgano contralor, el ministerio cumplió con la Ley 19.886, encargada de regular las contrataciones de bienes y servicios por parte del aparataje público. Todo esto con relación a los procesos de licitaciones relativos a concepto creativo y producción audiovisual de la campaña informativa.
Fue hace un mes, el pasado 27 de julio, cuando el equipo de Auditorías Especiales de la Contraloría llegó a La Moneda para iniciar el proceso de investigación. Esa misma jornada, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dio cuenta que el Gobierno iba a colaborar con la investigación. “Vamos a entregar toda la información que sea requerida para poder despejar y disipar dudas y cuanto antes mejor”, sostuvo.
Al día siguiente, el propio Presidente Gabriel Boric se refirió a la investigación, señalando que “estas circunstancias las aprovecho de la siguiente manera: el gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde que utilice recursos públicos para difundir su preferencia respecto de una u otro opción, pero sí tiene el deber de informar, y nos vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados”.
Junto con haber acreditado el cumplimiento de la Ley de Compras, la Contraloría también se determinó que la segegob no transfirió recursos para la campaña informativa a otras instituciones públicas.
En la segunda etapa de la investigación se analizará la compra de ejemplares impresos de la propuesta constitucional y los pagos de dichos servicios. Esta segunda fase se examinará cuando se concreten los pagos de los servicios.
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