La Contraloría General de la República entregó un informe a la Cámara de Diputados en relación a las polémicas pensiones de gracia que se entregaron tras el estallido social, específicamente entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo del mismo año. El organismo encabezado por Dorothy Pérez dio cuenta de una serie de irregularidades que se cometieron a la hora de otorgar este beneficio.

En el documento de 79 páginas se indica que 58 personas que reciben pensiones de gracia tienen antecedentes penales. Esto difiere de las 41 que había mencionado el subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Lo que llama la atención son los delitos por los que fueron condenados algunos de ellos.

¿Qué delitos cometieron algunos beneficiarios de pensiones de gracia?

Según indica el texto publicado por Contraloría, entre los 58 pensionados de gracia con antecedentes penales se encuentran condenados por delitos violentos. Algunos de los más destacados son producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio.

También hay condenados por otros delitos graves como tráfico y microtráfico de estupefacientes, robo con violencia, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y estafa.

Con ello, Contraloría manifestó que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”. Incluso en el informe se da cuenta de personas con más de 10 condenas por diferentes delitos.

Algunos beneficiarios de pensiones de gracia no tenían antecedentes médicos

También la Contraloría concluyó que 19 expedientes de beneficiarios entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no presentaban antecedentes médicos.

“O bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legiblessin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″, dice el informe.

Los evaluadores de Contraloría establecieron que el INDH era el único organismo que acreditaba la calidad de víctima de los beneficiados. Esto sin que hubiera otra instancia para validar los antecedentes de las víctimas; faltando a los principios de control, eficiencia, eficacia y responsabilidad.

Cabe recordar que, para recibir pensiones de gracia se debe estar en una situación de vulnerabilidad social. Además, una de las razones es haber sufrido daños por parte del Estado, como violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el estallido social. Por lo tanto, para acreditar las condiciones de beneficario de pensiones de gracia, se debía confirmar de forma médica.

11 personas no podían recibir pensiones de gracia por ya tener otro beneficio estatal

Otra de las conclusiones de la Controlaría establece que algunos pensionados de gracia no debían recibir el beneficio por no cumplir la norma que establece que si ya recibe algún otro bono estatal no puede obtener esta pensión.

Pese a ello, se informó que 11 casos de pensionados de gracia que también habían recibido durante el año 2022 pagos correspondientes al Subsidio Único Familiar (SUF).

Presidente Gabriel Boric revocará pensiones de gracia

Al conocerse este tipo de casos, el presidente Gabriel Boric anunció hace algunas semanas que le quitará las pensiones de gracia a algunos beneficiados. De hecho, ya le revocaron el bono a la persona condenada por pornografía infantil.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró a El Mostrador Radio que el Gobierno seguirá evaluando caso a caso, por lo que podrían quitarse en los próximos días nuevas pensiones de gracia.

Paralelamente, en el Congreso se está tramitando un proyecto de ley que busca que no se entreguen pensiones de gracia a personas condenadas por crimen o simple delito.

¿Estás de acuerdo con quitar las pensiones de gracia a personas con antecedentes penales?

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