Una abogada asistente de la Fiscalía de Linares cobrara entre $300.000 y $500.000 para cerrar causas judiciales. El Ministerio Público presentó una acusación contra una funcionaria a la que se le señala como autora de delitos de obstrucción a la investigación, cohecho, violación del secreto y fraude de seguros.
La abogada tenía su cargo la coordinación de causas de mediana complejidad, por lo que, entre sus funciones, manejabael sistema informático de apoyo a los persecutores (SAF).
Según la investigación en su contra, la funcionaria “ejecutó diversas acciones destinadas a obstaculizar el esclarecimiento de los hechos investigados en varias causas”.
En detalle, la asistente de la fiscalía cobraba entre $300 mil y $500 mil para cerrar las causas.
El modus operandi
Según la investigación del Ministerio Público, en los hechos también participó el cónyuge de la funcionaria. La indagatoria reveló que el marido de la acusada era el encargado de solicitar el pago del “servicio” para dar por cerradas las causas.
Es precisamente por este motivo que a la funcionaria se le imputa el delito de revelar información confidencial.
Así, el Ministerio pidió para la funcionaria una pena de presidio por más de 10 años y otros 10 años de reclusión mayor por cohecho.
El detalle de la petición de presidio es una pena de 800 días de presidio menor en grado medio y una multa de 12 UTM ($670.000 aprox.) por obstrucción a la investigación; más ocho años de presidio mayor en su grado mínimo por violación de secreto privado.
Por su parte, la fiscalía solicitó una pena de 10 años de reclusión mayor en su grado mínimo por cohecho al marido de la acusada.
Se espera que en los próximos días el tribunal fije la preparación del juicio oral en contra de la pareja.
