Luego de su promulgación en el Diario Oficial, el pasado 9 de abril, la ley Nº21.436 tenía seis meses para entrar en vigencia. En palabras simples, este lunes 10 de octubre, pese a ser feriado, comenzó a regir la legislación que profesionaliza el fútbol femenino y que exige la celebración de contratos entre jugadoras y sus clubes.
El documento que detalla cómo se ejecutará la ley establece que, desde hoy hasta tres años más, las instituciones tienen plazos paulatinos para presentar el cien por ciento de los contratos de sus futbolistas en primer equipo. El primer año (2023) deben contratar al 50%, que será 75% el segundo año (2024) y 100% en 2025.
La ley que profesionaliza la disciplina exige que la administración de las ramas femeninas ya no puede estar más tercerizada. Es decir, gestiones como la de Cobresal, a cargo de la Municipalidad de Puente Alto, o la de Audax Italiano que hasta hace unos años dependía de una personalidad jurídica externa (T con A) ya no podrán seguir funcionando.
Además, en caso de no tener recursos de inmediato, las organizaciones deportivas pueden presentar proyectos que les permitan postular a los beneficios de la Ley de Donaciones. Los clubes tienen durante los primeros cinco años desde la entrada en vigencia de la ley Nº21.436 (10 de octubre de 2027) para acceder a estos fondos.
Si se considera que en la Radiografía de Fútbol Femenino que publicó la ANJUFF en octubre del 2021 aparecía que solo el 4,4% de las futbolistas en Chile tenían contrato laboral con sus instituciones, además de un 17% que recibía remuneración, la ley viene a cambiar una realidad que es brutal.
En conversación con El Deportivo, la diputada Erika Olivera afirmó que "esta norma no solo entrega la dignidad mínima que debe tener todo trabajador y trabajadora, representado en un contrato de trabajo, sino que también significa que las deportistas acceden a las leyes sociales que le proporcionan seguridad a ellas y sus familias".
