El pasado 7 de junio, la diputada Yovana Ahumada (independiente ex PDG), ofició al entonces seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, respecto a tres transferencias de dinero por trato directo que había realizado la Seremi a la fundación Democracia Viva por un total de $426 millones de pesos. Situación que luego generó la renuncia del seremi y una investigación en Fiscalía.
Cerca de diez días después, la polémica estalló al conocerse que el representante legal de la fundación, era Daniel Andrade (RD), la actual pareja de la diputada Catalina Pérez. Además se supo que el seremi Contreras había sido jefe de gabinete de Pérez. Ante ello, se acusa a la parlamentaria de tráfico de influencias, algo que descartó de plano.
¿Qué es la fundación Democracia Viva?
Según señala la propia ONG, Democracia Viva es una es una “fundación sin fines de lucro que tiene como misión institucional conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política, logrando tener incidencia en el debate público a través de la co-creación política, cultural y académica”. Esta fue fundada el 25 de febrero de 2022 en Ñuñoa.
Se describen como una plataforma ciudadana, interdisciplinaria y autogestionada. Además de que su visión es “radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y políticos”.
Según indica la institución, es una de las 9 fundaciones que actualmente desarrollan más de 70 convenios con MINVU. Además, desde el último trimestre de 2022 Democracia Viva trabaja en 10 campamentos de la región de Antofagasta desarrollando un trabajo social y en terreno.
El objetivo de estos planes es dar “herramientas y enfoques democráticos para empoderar a las personas y permitirles contribuir activamente a la transformación de sus comunidades. Este trabajo impacta a más de 400 familias de la región”, señala la ONG. En total son 8 comunIdades beneficiadas.
¿Qué hizo Democracia Viva con los 426 millones de pesos?
Respecto a los dineros recibidos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, la fundación Democracia Viva informó que han construido 3 Estaciones Seguras para atacar incendios e iluminar los campamentos. Además, son 3 Redes Húmedas para llevar agua y contribuir al combate de los incendios.
Asimismo, en los próximos meses construirán escaleras que mejoren los accesos de las vecinas y vecinos. A ello se suman nuevas luminarias y otros proyectos que eleven la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades.
Asimismo, indicaron que “respecto al rol de Daniel Andrade, es importante informar que en octubre de 2022 el mismo presentó su renuncia al cargo de Director Ejecutivo y comenzó su desvinculación legal con la fundación. El procedimiento de formalización de este acto se encuentra aún en proceso. Es importante recalcar que Daniel Andrade no ha recibido ningún tipo de remuneración procedente de los convenios, ni de la fundación”, puntualizó la ONG.
Además indicaron que “los convenios están sujetos a devolución por no cumplimiento“. Igualmente han entregado “mensualmente los informes técnicos y financieros en el plazo estipulado en los convenios”.
Catalina Pérez descarta estar involucrada en el acuerdo de la fundación y el Minvu
La diputada Catalina Pérez decidió suspender su participación en la mesa de la Cámara como segunda vicepresidenta. Sin embargo, descartó estar involucrada en los millonarios acuerdos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo con la fundación de su pareja.
Pérez aseguró no estar dispuesta a “tolerar ni a aceptar que se busque endosarme a mí, responsabilidades por actos que cometen terceros”. La parlamentaria además es diputada por el distrito 3 de la Región de Antofagasta y tiene un alto respaldo en la zona luego de haber sido reelecta en 2021.
Asimismo fue la presidenta de Revolución Democrática, el mismo partido del que son su pareja Daniel Andrade y el exseremi de Antofagasta, Carlos Contreras. Aunque la militancia de estos últimos dos fue suspendida en el partido.
“Aquí hubo un error de juicio político grave, aquí hubo un error de criterio político grave, y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde”, afirmó Pérez.
