La central nuclear de Fukushima tiene previsto verter al mar del Pacífico agua procesada por la central en los próximos meses, lo cual generó una ola de críticas desde países cercanos a la isla. Ante el anuncio, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) señaló que la operación se llevará a cabo con “los más altos estándares internacionales de seguridad”, ante la inquietud surgida.

De acuerdo al director del departamento de seguridad nuclear del OIEA, Gustavo Caruso, la descarga de aguas tratadas al Pacífico se hará para retirar la mayor parte de isótopos radioactivos. Lo anterior se realizará “cumpliendo los más altos estándares internacionales de seguridad”.

Caruso se encuentra en Japón, en su cuarta visita al país nipón en marco de la misión que tiene como fin el de supervisar los preparativos del vertido desde la planta de Fukushima.

El director de seguridad nuclear del OIEA señaló, además, que el vertido de agua “será seguro para la salud humana”, agregando que el organismo estará encargado de “vigilar que se respetan los niveles exigidos”.

“Continuaremos monitorizando esto durante muchos años”, anunció el experto.

Dentro de los preparativos que lidera el OIEA, ya se comenzó a recoger muestras marinas de las aguas cercanas a la central, las cuales serán enviadas a laboratorios. Junto a ello, se medirán los posibles impactos ambientales del vertido y se determinará si existen alteraciones que pudiesen tener efectos nocivos en la salud humana.

“Todos estos datos contribuirán a la transparencia y al conocimiento de la situación”, señaló Caruso.

Rechazo en países vecinos y pescadores

Los pescadores locales son los principales opositores al plan de las autoridades japonesas, quienes, a doce años del devastador terremoto y tsunami que provocó el desastre nuclear en 2011, aún no logran retomar la totalidad de sus actividades.

Y no son los únicos que levantan sospechas. Países vecinos como Corea del Sur, China y naciones insulares del Pacífico también presentaron sus cuestionamientos e instaron a reconsiderar el vertimiento hasta contar con “más datos e información” sobre el impacto en la salud humana y el medio ambiente.