El IFE Laboral se transformó en uno de los pilares fundamentales en la búsqueda de nuevos empleos. El beneficio fue instaurado en medio de la pandemia y ahora tiene una gran polémica, ya que la Contraloría General de la República (CGR) detectó pagos irregulares del bono a gente que no le correspondía recibirlo y ordenó que se restituyan los montos mal pagados.
Un informe de la Contraloría, solicitado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, determinó que, entre agosto del 2021 (mes en que comenzó a pagarse) y febrero del 2022, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entregó el IFE Laboral a “postulantes que no cumplían con alguno de sus requisitos”.
La Contraloría precisa que, dentro del universo de personas que recibieron el aporte y no les correspondía, se encontraban personas contratadas por un empleador del Estado, no cumplían con requisitos de cesantía o que prestaban servicios para el Estado con modalidad a honorarios.
En ese sentido, ordenó restituir de forma íntegra y en un plazo no superior desde los 60 días que se reciba el informe, todos los pagos mal gestionados, cuya suma total alcanza la cifra de $3.574.640.527 pesos.
En el detalle, la suma de $435.905.117 fue a parar a personas contratadas por algún órgano del Estado; $579.351.832 a gente que no estaba cesante y $2.559.383.578 a personal que prestaba servicio al Estado como honorarios.
Comunicado Sence
Desde el Sence enfatizaron que fue la ministra Jara quien solicitó la revisión de la Contraloría y que, “en virtud de las distintas situaciones ocurridas que se han visto reflejadas en el informe de la CGR, durante los años 2022 y 2023 Sence ha instruido distintos procesos disciplinarios, a fin de revisar la existencia de responsabilidades administrativas” en los casos de otorgamientos irregulares del beneficio.
Revisa la declaración del Sence a continuación:
