La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile vota este jueves una acusación constitucional que busca la destitución del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), por una supuesta “falta de probidad” durante lo que lleva su gestión.
¿Por qué acusan constitucionalmente?
Fue el Partido Republicano que ingresó la acusación constitucional contra Jackson, el pasado 3 de enero, por argumentos como infracciones o inejecución a la Constitución, funcionamiento de los servicios locales de Niñez, vulnerar el principio de probidad; en un documento que se extiende por 150 páginas, y son 360 páginas si se consideran los anexos.
En primer lugar, y en uno de los aspectos que ha cobrado mayor relevancia, es que se le acusa de subejecutar el presupuesto de su cartera en lo relativo al fondo de tierras y aguas indígenas.
Esto a propósito de que los diputados republicanos sostienen que el ministro sólo ha destinado un 42% del presupuesto, esto con el respaldo de datos de la Dirección de Presupuestaria (Diprés) del Ministerio de Hacienda.
También pesa sobre el secretario de Estado su aparente rol al “infringir gravemente la Constitución y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad”.
Tal argumento se gesta a propósito de eventuales presiones a la ex seremi por la Región Metropolitana de su ramo, Patricia Hidalgo, con el fin de que votara en contra de sus convicciones en múltiples proyectos de desarrollo en la capital. Acusaciones de Hidalgo que tanto el gobierno como el mismo Jackson han desechado.
El tercer apartado de la acusación republicana sostiene que el ministro dejó sin ejecución la Constitución y las leyes por no implementar oportunamente la ley N° 21.302.
Esto tiene que ver con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y lo inculpan por no garantizar el derecho de los niños a recibir la atención y protección de este organismo.
¿Qué arriesga?
De acuerdo con la instancia que Giorgio Jackson está enfrentando, las consecuencias podrían ser graves y tienen relación con “la medida disciplinaria de destitución, sanción que aplica a cualquier funcionario de la Administración del Estado, que en el caso de un Ministro de Estado tiene correlato en las normas referidas a la Acusación Constitucional de un Ministro de Estado por infringir la ley”.
Sumado a la destitución estaría la inhabilitación de acceder a cargos públicos por el plazo de cinco años.
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