La declaración pública de Colo Colo cuarenta horas después de los desmanes de sus hinchas en la final de la Supercopa, ante Universidad Católica en Concepción, parece ser la ratificación de un modus operandi en materia de violencia en los estadios.

Así lo revela en su edición de hoy el diario El Mercurio, que advierte que los incidentes en los campos deportivos que han protagonizado los seguidores del conjunto popular y sus archirrivales de Universidad de Chile en los últimos meses, literalmente pasan al olvido.

"Manifestaciones de indignación, reproches de instituciones y promesas de una drástica presecución de los responsables", aparecieron después de los incidentes en la capital del Biobío, sentencia el matutino. "Libreto habitual cada vez que se producen desmanes", agrega.

Según cifras oficiales, después de la invasión de cancha de los hinchas de la U en Rancagua ante Curicó Unido (con amenazas a jugadores incluidas) y de los del Cacique en Anfotagasta (1.300 butacas destruidas), hubo apenas tres sancionados.

"En Rancagua hubo dos detenidos -uno por daños y otro por maltrato a Carabineros- que fueron sancionados con tres años sin ingresar a los estadios; mientras en Antofagasta hubo un detenido por portar pirotecnia, también castigado por tres años", corrobora el decano.

¿Cuál es la responsabilidad de los clubes en todo esto? La primera. Los organizadores de los espectáculos deportivos deben identificar a quienes realizan desórdenes y tienen el derecho de admisión como arma para borrar a los violentos del mapa.

Sin embargo, nada de eso se cumple. La función queda en manos de Carabineros o las autoridades políticas, que tienen cosas bastante más importantes de qué preocuparse, mientras los clubes se quedan en la condena.

Bien lo señala el diputado Matías Walker: "Falta incorporar tecnología para identificar a quienes generan la violencia. Y eso se hace con cámaras de vigilancia, con control biométrico, con tecnología de reconocimiento facial, pero ha faltado voluntad de los clubes de invertir".