La famosa frase de Sergio Jadue "yo tengo las manos limpias, no sé ustedes", se fue a las pailas en la declaración que el banco suizo Julius Baer hizo ante la Justicia de Estados Unidos, donde aseguró que el ex presidente de la ANFP estuvo vinculado a un millonario caso de corrupción.

En una documentación que el Departamento de Justicia de ese país presentó ante una Corte Federal de Nueva York, se aprecian los detalles de la declaración que hizo la institución financiera europea, donde se nombra a Julio Grondona y otros dirigentes del fútbol sudamericano como Jadue. 

“Lavó al menos US$ 25 millones para Grondona provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030, como así también otros torneos”, indicaron en el documento.

Luego los suizos apuntaron que el lavado de millones de dólares también fue destinado a Sergio Jadue y a otros dirigentes, los que detallaron con nombres y montos específicos.

Esto porque el banco encarriló los sobornos de derechos de televisión de las copas América, Libertadores y Sudamericana para variados ejecutivos del fútbol continental. Así es como mencionaron que el 2014 Sergio Jadue se llevó 400 mil dólares de esa tajada. Otros dirigentes mencionados fueron el uruguayo Eugenio Figueredo (2 millones de dólares), los brasileños Marco Polo del Nero y José María Marín (3,9 millones de dólares) y el tesorero de Conmebol Romer Osuna (600 mil dólares).

Detallaron el dinero que Jadue recibió por las coimas. Foto: Agencia Uno

Detallaron el dinero que Jadue recibió por las coimas. Foto: Agencia Uno

El modus operandi que detalló Julius Baer explica que Alejandro Burzaco, ex director ejecutivo de Torneos y Competencia, creó junto a otros trabajadores de la empresa dos sociedades ficticias con las que abrieron cuentas y subcuentas en Suiza. De esta manera, recibían el dinero y la traspasaban a la subcuenta, para esconder fondos.

La entidad helvética acordó pagar prácticamente 80 millones de dólares entre multa y decomiso, para luego someterse a un proceso de control y auditoría que se prolongará por los próximos tres años.