De manera transversal las candidaturas presidenciales emplazaron a Piñera a aclarar el reportaje de los Pandora Papers, que vinculan al Presidente con un posible conflicto de interés en la compraventa de la minera Dominga, revelada por la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, apuntó directamente al mandatario, señalando que “Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información y como siempre pone su interés personal por sobre el bien común”.
Por su parte, la candidata demócratacristiana, Yasna Provoste, exigió a Piñera que aclare la relación de sus negocios con el mega proyecto y el posible conflicto de interés entre su cargo y el avance de Dominga.
“La gravedad de lo publicado obliga al Presidente Piñera a explicar al país si usó o no su cargo para sus negocios personales con la minera Dominga. Es inconcebible que un presidente de la república actúe en beneficio propio frenando la protección ambiental”.
Por su parte, el representante del PRO, Marco Enríquez-Ominami, fue más lejos y pidió destituir a Piñera por medio de una acusación constitucional.
“No están las condiciones para que un presidente, ante tamaña denuncias, continúe en su cargo (…) solicito a la oposición estar unida y avanzar directamente” a la acusación constitucional y agregó que “Chile no puede estar en manos de alguien que solamente cuida los negocios familiares”.
Por otra parte, Sebastián Sichel, candidato de La Moneda, solo le pidió explicaciones al presidente “Respecto a Pandora Papers, la ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”.
Kast, en cambio, pidió abrir una investigación por el caso. “Las revelaciones sobre los negocios de la familia del presidente Sebastián Piñera, la propiedad del proyecto Dominga y también las decisiones administrativas que influyeron en su aprobación y los requisitos, son graves y exigen una investigación urgente para poder determinar responsabilidades”.
Según reveló la investigación, el Presidente Piñera habría firmado un acuerdo de compraventa con Carlos Alberto Délano por el proyecto minero-portuario Dominga.
El problema radica en que la operación se habría realizado en paraísos fiscales y pago de la última cuota estaba supeditada a que el mandatario no cambiara la normativa ambiental de la zona, de modo que no existieran problemas para la ejecución del proyecto.
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