El Ministerio de Justicia, en voz del subsecretario Jaime Gajardo, solicitó de forma oficial a la ANFP “dejar sin efecto” sus contratos publicitarios con casinos y casas de apuesta online, las que hoy tienen gran presencia en el fútbol chileno.
Tal como detalló Gajardo en un punto de prensa, desde el Gobierno instruyeron a la ANFP terminar el vínculo comercial mencionado. Esto ocurre justo después que la Superintendencia y el Servicio de Impuestos Internos declaran ilegal el funcionamiento en Chile de las empresas de apuestas que operan desde el extranjero.
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“Las casas de apuestas en línea, conforme a nuestro ordenamiento jurídico y lo que ha determinado la Superintendencia de Juegos, es que actúan al margen de la ley”, dijo Jaime Gajardo.
Las explicaciones de Gajardo y los plazos
El subsecretario de Justicia agrega que “las casas de apuestas o los juegos de azar tienen que regularse por ley y por lo mismo una actividad similar como es la que realiza el Hipódromo de Chile a través de Teletrak, se encuentra con una habilitación legal explícita. Entonces, por lo mismo, hemos impartido estas instrucciones que se la hemos notificado hoy en la mañana a la ANFP, en la cual le damos un plazo de 30 días para que deje sin efecto los contratos con las casas de apuestas en línea”.
Respecto a los clubes agregó además que “les pedimos que se nos informe la naturaleza jurídica de los socios que tienen y si eventualmente tienen contratos con casas de apuestas para poder determinar si también se les aplican estas instrucciones”.
Los riesgos
Jaime Gajardo explicó que de no cumplirse lo solicitado por el Ministerio de Justicia, la ANFP peligra perder su personalidad jurídica.
“Les señalamos que el no cumplimiento faculta al Ministerio de Justicia conforme a la legislación vigente permite que solicitemos al Consejo de Defensa del Estado la disolución o el término de la personalidad jurídica. Nosotros hemos determinado que estos contratos que tienen con estos terceros que realizan apuestas en línea con domicilio en el extranjero no se encuentran permitidos en la legislación nacional, por lo cual no cabe otra cosa que dejarlo sin efecto, ya que las corporaciones y fundaciones son organizaciones sin fines de lucro y realizan actividad de interés público”, sostiene.
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El subsecretario sentencia que “como Ministerio de Justicia el título 33 nos mandata explícitamente para fiscalizar el funcionamiento de estas corporaciones sin fines de lucro para que cumplan su objeto social que es realizar una actividad de interés público y en ese sentido no pueden tener contrato con empresas que realizan actividades ilegales en nuestro país”.
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