El paso de Javier Castrilli por el fútbol chileno no quedará escrito con letras doradas ni mucho menos. El ex árbitro internacional argentino fue despedido en abril de 2022 luego de que no aceptara ser suspendido de sus funciones, en medio de la investigación de la polémica por el "penal cobrado desde Santiago", en la liguilla de promoción entre Huachipato y Copiapó.

Cuento corto: Castrilli demandó a la ANFP y solicitó una indemnización por daño moral de 1.134 millones de pesos, más 18 millones de pesos por afectaciones físicas y emocionales, el pago de los feriados trabajados y los meses que restaban de su contrato hasta fines de 2022 y una atención de salud $1,8 millones. Sin embargo, la justicia no estuvo muy de acuerdo.

La ANFP pagó en el plazo el finiquito y los meses que quedaban de vínculo con el ex réferi, por lo que su defensa estuvo orientada preferentemente a la indemnización por daño moral. Y la sentencia de la jueza Carmen Gloria Correa, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago fue un gran alivio para Pablo Milad y compañía, ya que redujo el pago a menos de un tres por ciento de lo exigido inicialmente por Castrilli: 25 millones de pesos.

Las razones de la reducida indemnización para Castrilli
 

De los 25 millones de pesos estipulados como indemnización para Javier Castrilli, el árbitro deberá descontar sus costas del juicio, por lo que el argentino -que ya había recibido el finiquito exigido en la sentencia- recibirá con una parte muy inferior a la solicitada.

Cabe señalar que el Código del Trabajo establece "una indemnización adicional no inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual". En ese sentido, aunque Castrilli acreditó a través de testigos e informes médicos que después de los hechos pasó por un cuadro depresivo con síntomas como "ansiedad, angustia, sentimientos de menoscabo, autopercepción de minusvalía, frustración, rabia, pena y anhedonia"; la suma indemnizatoria resultante será muy inferior a los $1.134 millones exigidos.

De esta manera, la juez estima que "para efectos de determinar el monto, se tendrá en cuenta que se trata de una figura reconocida en el mundo del deporte, no solo en nuestro país, que se trata de una persona mayor 65 años, y que tendrá dificultad para reinsertarse en el medio laboral, se avalúa en la suma de $ 25.000.000".

La condena quedó ejecutoriada y la ANFP deberá saldar los pagos respectivos dentro de esta semana, so pena de su ejecución en el Juzgado de Cobranza Laboral.