Durante la tarde de este lunes 19 de junio, la oposición presentará la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. El documento consta de siete capítulos en los que se señalan las presuntas infracciones a la Carta Magna.
¿Cuál es la razón de la acusación constitucional contra el ministro de Educación?
En la acusación constitucional contra el ministro de Educación se afirma que “se ha normalizado la violencia en distintos establecimientos educativos”, precisando además, que “se conocen las enormes repercusiones que el cierre de establecimientos educativos ocasionó” y se detalla que estas consecuencias se ven reflejadas en los resultados del último Simce.
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“Desde marzo de 2022 todos estos problemas no han hecho más que profundizarse y pese a que muchos de ellos poseen explicaciones de mayor complejidad, la diligencia que ha podido verse en el Ministro de Educación para abordar estos asuntos y reaccionar ante la crisis es deficitaria”, dice el documento.
En detalle, en la acusación constitucional hay dos causales que aluden a los programas de educación sexual que impulsa el Mineduc.
El capítulo I señala una infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista”.
El capítulo II indica una infracción del derecho preferente a propósito de las guías (“Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”), afirmando que transgrede el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
En el siguiente capítulo se expone que hubo una infracción a la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “política de Educación Inclusiva” y advierten que “resulta inconcebible que en el contexto de la agenda impulsada por el Ministro, se haya omitido incluir a los estudiantes con discapacidad”.
El IV capítulo menciona que existe una infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo, lo que incluye temas como retraso injustificado en entregar los resultados del Simce, el ausentismo y la deserción escolar, problemas en la infraestructura educativa y el deterioro de la calidad educacional.
En el V se plantea que existe un incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) con ocasión del inserto de información sobre “educación no sexista” en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público.
“Dicho en simple, el Ministerio en el marco de su priorización de “alfabetización en sexualidad”, estuvo disponible a extralimitarse en las facultades de la JUNAEB y a contravenir las bases de licitación y los contratos vigentes. Se plantea que esta actuación contraviene el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y muestra cómo el Ministro incumplió el deber de supervigilancia que le corresponde por sobre la JUNAEB”, se lee en la minuta.
El VI capítulo de la acusación alude al rol de supervigilancia de la Junaeb debido a las irregularidades detectadas en los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”.
“La manera en cómo esto se ha desarrollado podría importar un mal manejo de recursos públicos por montos superiores a los $40 mil millones de pesos”, plantea la oposición.
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“La acusación explica como la JUNAEB ha realizado pagos por servicios licitados en dos procesos de licitación, los cuales no se realizaron finalmente. Se estima que los montos involucrados podrían superar los $70 mil millones de pesos”, afirman.
Finalmente, el capítulo VII de la acusación constitucional señala problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación. “Incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública”.
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