Desde la policía argentina se informó la detención del líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace casi un año, luego de haber sido favorecido por un beneficio carcelario.

Corría el año 2018, cuando Jones fue condenado a nueve años de cárcel por el delito de incendio de una vivienda habitada y el porte ilegal de armas en el fundo Pisú Pisué, en Río Bueno. Sin embargo, en enero del 2022, la Corte de Apelaciones de Valdivia le otorgó la libertad condicional y tres semanas después la Corte Suprema ordenó la recaptura, pero el líder de la RAM ya se encontraba prófugo.

Así, tras casi un año de aquello y habiendo sido capturado nuevamente, desde el Gobierno de Chile, las autoridades valoraron su detención, asegurando que el ejecutivo ya inició el proceso de extradición.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la noticia, señalando que, en el transcurso de la mañana de este lunes, “ha sido detenido en Argentina y obviamente corresponde iniciar los trámites para solicitar la extradición, trámites que inicia el Ministerio Público”.

“El Gobierno va a estar atento, porque nos interesa por supuesto que no haya impunidad, ni en este, ni en ningún caso y, por lo tanto, queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponda”, añadió la autoridad.

¿Quién es Facundo Jones?

Francisco Facundo Jones Huala tiene 36 años, es oriundo de Bariloche, Argentina y líder del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche, fundada el 2009. Luego de algunas detenciones por delitos menores registradas desde el 2004, Jones fue detenido en 2013 por un ataque incendiario, delito por el cual quedó en prisión preventiva en la época.

Tras diversos cambios de cautelares, el líder de la RAM desapareció en 2014, siendo hallado en 2016 en Argentina, en aquella oportunidad, se declaró nula la extradición a Chile. Fue detenido nuevamente en 2017, esta vez en Río Negro. En 2018 finalmente llegó extraditado a Chile, donde fue condenado a nueve años de cárcel. Seis por el delito de incendio y tres por porte ilegal de armas de fuego.