Ya hay fecha para el inicio del Plan Calles sin Violencia del Gobierno, con el cual se busca frenar la proliferación de hechos delictuales en gran parte de la capital y de Chile completo: será el próximo lunes 24 de abril cuando La Moneda le dé el ‘vamos’ a la estrategia en Santiago.
Durante la jornada de este martes 18 de abril, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a su par de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, la delegada Presidencial, Constanza Martínez y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se hicieron presentes en el anuncio de un plan de seguridad para la comuna de Santiago.
Aquella iniciativa contempla el despliegue de 40 funcionarios municipales a lo largo de toda la capital, en búsqueda de combatir los hechos delictivos en los distintos sectores de la comuna. Sobre aquello, la alcaldesa Irací Hassler, señaló que el plan contempla un gasto de $750 millones de pesos.
En el acto también participó el subsecretario Monsalve, quien entregó algunos adelantos del Plan Calles sin Violencia, impulsado por La Moneda.
Plan Calles sin Violencia
Monsalve señaló que el programa implementará una intervención focalizada en los barrios con mayor ocurrencia de hechos delictivos. “Independiente del espacio físico dónde se haga, acá hay información policial detrás del diseño de la política”, señaló la autoridad.
“Los hechos violentos se producen en barrios, por lo tanto, si uno quiere saber en La Serena, en Concepción, o en la comuna de Coronel, o en la comuna de Santiago, en qué barrios es más probable que se produzcan delitos violentos, tiene datos y estadísticas para determinar cuáles son esos barrios, esos barrios son los que se van a intervenir”, comentó.
El subsecretario comentó que, desde el Gobierno, “tenemos la determinación de recuperar los espacios públicos para los chilenos y también tenemos la determinación de contener y controlar los delitos violentos “.
El Plan Calles sin Violencia se implementará en 46 comunas prioritarias, incluidas las capitales regionales, en búsqueda de una mayor persecución penal, por medio de mayor actividad policial y fiscalización.
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