Ayer miércoles se vivió un verdadero caos en Perú luego que, a eso del mediodía, el ahora expresidente Pedro Castillo anunciara un autogolpe de Estado con disolución del Congreso para un nuevo llamado a elecciones y reorganización completa del Poder Judicial. Todo esto ocurría en momentos previos a que el parlamento votara una moción de vacancia en su contra, por “permanente incapacidad moral”.

Tras las declaraciones de Castillo, el Congreso aprobó la moción de vacancia en su contra, proclamó a la vicepresidenta Dina Boluarte como la primera mandataria del Perú y, en paralelo, la policía arrestó al ex jefe de Estado por intento de sedición.

Tanto la destitución del exmandatario, como el anuncio de cierre del parlamento y reorganización del Poder Judicial, se dan en marco de una investigación contra el exmandatario, quien está en la lupa de la justicia peruana, donde la Fiscalía lo acusa de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Pero el caso de Castillo no es nuevo en Perú y desde 1975 a la fecha, hay otros seis mandatarios y un dictador peruanos enfrentados a la justicia, algunos en proceso de investigación, otros condenados y con sentencias e incluso hay un caso de un expresidente prófugo de la justicia.

 

Martín Vizcarra (2018 - 2020): En investigación

El 9 de noviembre del 2020 el Congreso declaró la vacancia de Vizcarra por ser “moralmente incapaz” de gobernar. Ello se dio a raíz de ser acusado de recibir 2,3 millones de soles en sobornos de dos empresas que ganaron un concurso de obras públicas el 2014, cuando ejercía como gobernador de Moquegua.

 

Pedro Pablo Kuczynski (2016 - 2018): En prisión preventiva

En marzo del 2018, PPK –como es conocido popularmente– renunció a la presidencia en medio de una investigación por presunto lavado de activos en marco del caso Odebrecht (investigada por realizar coimas de dinero y sobornos). En abril del 2019, la justicia dictó prisión preventiva por 36 meses.

 

Ollanta Humala (2011 - 2016): Libre y sin condena. Estuvo 9 meses en prisión

En julio del 2017, la justicia ordenaba 18 meses de prisión preventiva contra Humala y su esposa Nadine Heredia, acusados de cometer delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Según la fiscalía, los dineros recibidos en las campañas del exmandatario en 2006 y 2011, habrían sido recibidos por falsos aportes, en marco del caso Odebrecht, empresa que habría pagado 3 millones de dólares en 2011.

En abril del 2018, el Tribunal Constitucional de Perú falló a favor que tanto el mandatario como su pareja enfrenten el proceso penal en libertad.

 

 

Alan García (1985 – 1990/2006 - 2011): Investigación preliminar

El Ministerio Público abrió la investigación en 2017 por un presunto vínculo entre Odebrecht y el exmandatario. García estaba bajo la lupa por presunto tráfico de influencias. Las investigaciones no continuaron, ya que el expresidente se suicidó en abril del 2019 en instantes previos a ser detenido por la policía en marco de la investigación.

 

Alejandro Toledo (2001 - 2006) Prófugo de la justicia, con dos órdenes de prisión preventiva

A Toledo se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Debido a la indagatoria, se dictó 18 meses de prisión preventiva y el expresidente se dio a la fuga. En febrero del 2017 se emitió una orden de captura internacional y dos días más tarde, la Interpol emitió una alerta roja para su arresto. Actualmente Toledo se encuentra en libertad en Estados Unidos.

 

Alberto Fujimori (1990 – 2000) En prisión por homicidio

Fujimori está en prisión tras ser sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado, cometidos durante su mandato. En 2015, recibió otros 8 años de presidio por delito de peculado. En 2017, PPK concedió un indulto humanitario, el cual fue revocado en octubre del año siguiente y, en 2019, Fujimori quedó nuevamente tras las rejas.

Francisco Morales Bermúdez (dictador 1975 - 1980): Cadena perpetua

En octubre del 2016 un tribunal de Roma acusó al dictador y otros militares, de matar y desaparecer una veintena de ciudadanos ítalo-latinos en marco del Plan Cóndor (operación militar coordinada por dictaduras de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay) para reprimir opositores a los regímenes militares. Morales fue sentenciado a cadena perpetua, la cual cumplió hasta julio recién pasado, cuando falleció.