La Fiscalía de Perú provocó otro remezón político al solicitara la Justicia que investigueal PresidentePedro Castillocomo “líder de una organización criminal” del Estado cuyo objetivo era lograr “beneficios ilegales” de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
“Es la primera vez que un presidente en funcionesha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado” para “cometer delitos de corrupción”, dijo Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú. El fiscal general, Pablo Sánchez, fue quien abrió una investigación preliminar contra el mandatario.
Rojas detalló que la investigación contra Castillo “no proviene de una acusación de organización civil, ni de un miembro del Congreso,sino de información gestada en investigaciones fiscales”, debido a supuestas irregularidades en las adjudicaciones de una serie de obras de infraestructura.
Enmayo, el fiscal Sánchez abrió una investigaciónpor tráfico de influencias contra los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Moro, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, y contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, por presunta colusión pues los legisladores habrían hecho un trato con Pedro Castillo para beneficiarse con licitaciones y, a cambio, ellos garantizaban los votos a su favor en los debates de la representación nacional.
También hay una orden de captura contra el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo. En el marco de la investigación, los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde admitieron haber representado a empresasque ganaron las adjudicaciones,tras acuerdoscon los funcionarios imputados.
El fiscal Rojas informó además que existen audios que revelaron que Villaverdeentregó 30.000 soles (unos ocho mil dólares) a Silva para dárselos a Castillo, y, asimismo, que tienen indicios de que López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en el Palacio de Gobierno y en una casa que usó durante la campaña electoral.
¿Qué dice el abogado del Presidente?
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró que el fiscal de la Naciónno es competente para investigar al presidente, pues este solo puede ser acusado durante su periodo “por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, o impedir el funcionamiento de los órganos electorales”.
Espinoza añadió queCastillo ha recibido un “trato discriminatorio”porque a ningún Presidente fue investigado durante su mandato, recordando los casos deAlejandro Toledo(2001-2006),Alan García(1985-1990, 2006-2011) yOllanta Humala(2011-2016), imputados por lavado de activos a raíz del caso Odebrecht.
