Polémica causaron las palabras del Presidente Gabriel Boric en el tercer aniversario del estallido social donde, si bien respaldó el rol de Carabineros, criticó duramente las violaciones a los derechos humanos cometidas en marco de las protestas, donde resaltó abusos de fallecimientos, mutilaciones oculares e incluso abusos sexuales.

“Fue un momento doloroso en materia de Derechos Humanos. Personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante las cuales no podemos ser indiferentes. Como Estado, debemos asumir que el control policial de esos meses, sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, abusos sexuales, mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver a repetir“, fueron las palabras del mandatario que no agradaron en la oposición, quienes oficiaron a La Moneda a explicar las declaraciones y a la Fiscalía a entregar datos.

Ante el emplazamiento, el Fiscal Nacional (s), Agustín Meléndez, detalló que en materia de abusos sexuales cometidos por funcionarios policiales durante el estallido social existe una sentencia condenatoria contra una Carabinera en Arica y más de 300 denuncias.

“Por violencia sexual en el contexto del estallido social, más menos estamos manejando una cifra de 300 causas, de las cuales a la fecha hay una con juicio oral desarrollado en Arica, con sentencia condenatoria, y tenemos otra en causa en estado de juicio oral en O’Higgins para noviembre, el resto de la información en detalle, caso a caso, la solicité a cada región para poder tener un contexto más preciso”, apuntó el Fiscal Nacional subrogante.

En cuanto al caso de la carabinera condenada, Meléndez precisó que se trata de “delito de abuso sexual en el contexto de estallido social, tal como lo registra la condena de los tribunales y la convicción que adoptó el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Arica, que es la que determina la calificación jurídica del caso”.

La funcionaria en cuestión fue condenada a una pena de 541 días de presidio por ser autora del delito consumado de apremios ilegítimos. Todo esto luego de trasladar a dos mujeres a la Tercera Comisaría de Arica, donde las obligó a desnudarse e hincarse.