Hace un par de semanas algunos parlamentarios del Partido Republicano ingresaron a la secretaría general de la Cámara de Diputadas y Diputados una acusación constitucional contra la ministra del Interior Izkia Siches.
En el documento, que alcanza las 159 páginas, los republicanos ingresaron la acusación contra la secretaria de Estado "por comprometer gravemente el honor de la Nación, por comprometer gravemente la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado estas sin ejecución".
¿Por qué se realiza una acusación constitucional contra la ministra Izkia Siches?
Uno de los temas que se incluyen en el documento es el retiro de 149 querellas de Ley de Seguridad Interior del Estado contra presos del estallido social. Además, se critica que la ministra no haya presentado ninguna denuncia tras el atentado del que fue víctima en Temucuicui.
También se menciona el uso "imprudente e inoportuno" del concepto Wallmapu por parte de Siches, junt al error que cometió al denunciar deportaciones ilegales de migrantes, información que terminó siendo falsa.
Los parlamentarios señalaron que, si bien esta acusación no cuenta con todo el respaldo de la oposición, buscarán sumar apoyos ante el "fracaso del Gobierno en materia de seguridad, inmigración ilegal, narcotráfico y terrorismo, junto con discutir de qué manera la ministra Siches no ha ejercido su rol y ha vulnerado su mandato legal y constitucional", agregaron.
¿Quiénes son los diputados a cargo de la comisión revisora de la acusación constitucional?
Ayer martes se realizó el sorteo de los diputados que estarán a cargo de la comisión revisora que revisará la acusación constitucional contra la ministra del Interior Izkia Siches.
La elección no fue favorable para la ministra, ya que 4 de los 5 parlamentarios son de la oposición:
- Christian Matheson (IND-Evópoli).
- Natalia Romero (IND-UDI)
- Fernando Bórquez (UDI)
- Cristhian Moreira (UDI).
- María Candelaria Acevedo (Partido Comunista).
Esta comisión está encargada de revisar la acusación constitucional y realizar un informe a la Cámara de Diputados en el que recomendarán aprobar o rechazar la acusación. Finalmente la decisión estará a cargo de todo el pleno de la Cámara.
