Como “absolutamente infundada” calificó la Ministra del Interior, Izkia Siches, a la acusación constitucional presentada en su contra por el Partido Republicano. Eso sí, la secretaria de Estado ve en la acusación “una gran oportunidad de demostrar en lo que hemos estado trabajando”.
La titular del Interior se encuentra de visita en la región de Aysén, particularmente en la comuna de Coyhaique, donde está impulsando la agenda descentralizadora del gobierno. En la ocasión, la expresidenta del Colegio Médico se refirió a la acusatoria presentada en su contra.
“Como Ejecutivo somos muy respetuosos de las funciones del Parlamento. Vamos a acudir, concurrir, con los distintos elementos. Desde nuestra perspectiva, esta es una acusación absolutamente infundada, pero también se puede transformar en una gran oportunidad de mostrar en lo que hemos estado trabajando”, apuntó Siches.
La titular del Interior agregó que la tarea de la cartera está puesta en dotar de herramientas a las localidades. “Vamos a seguir, más allá de estos hechos, en terreno trabajando con las autoridades locales para llevar un Estado robusto a todo el territorio nacional”, puntualizó la ministra.
Acusación Constitucional
Este miércoles, la bancada del Partido Republicano presentó la acusación constitucional contra de la ministra Siches“por comprometer gravemente el honor de la nación, por comprometer gravemente la seguridad de la nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado estas sin ejecución”.
En el texto acusatorioseñalaron que desde la bancada de diputados republicanos “estamos conscientes que la acusación constitucional, al momento de presentarla, no concita el apoyo de toda la oposición, ni menos del oficialismo. Si hoy contamos los votos, probablemente se rechazaría”.
“Pero estamos confiados que en las próximas semanas vamos a poder hablar del fracaso del Gobierno en materia de seguridad, inmigración ilegal, narcotráfico y terrorismo, junto con discutir de qué manera la ministra Siches no ha ejercido su rol y ha vulnerado su mandato legal y constitucional”, acotan.
Dentro de los puntos de la acusación, destacan “el retiro de (149) querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado” en marco del estallido social, el no denunciar el ataque que sufrió en su frustrada visita a La Araucanía, “el haber comprometido gravemente el honor de la nación al utilizar, de manera imprudente e inoportuna, el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino”.
A ello se agrega el “entregar informaciones inexactas o intencionadamente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos”, y el “dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería“.
Los últimos puntos de la acusación son la “omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder” de la Coordinadora Arauco-Malleco por llamar a la ‘resistencia armada’; e “ignorar los resultados y recomendaciones sobre la aplicación del Estado de Emergencia, generando una reacción tardía, insuficiente y acotada”.
