El Partido Republicano confirmó que presentará una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, por “poner en grave riesgo la seguridad y el honor de la nación”. Se prevé que el texto ingresará a la secretaría general de la Cámara de Diputadas y Diputados a las 16:30 horas de este miércoles 15 de junio.
La bancada republicana postula que Siches no es apta para el cargo. Así lo remarcó el diputado Johannes Kaiser, quien dijo a Canal 13 que la ministra “ha puesto en grave riesgo la seguridad y honor de la nación. Esperamos un amplio apoyo”.
El texto fue firmado por los siguientes diputados republicanos:
- Harry Jürgensen
- Agustín Romero
- Chiara Barchiesi
- Cristián Araya
- Mauricio Ojeda
- Luis Fernando Sánchez
- Stephan Schubert
- José Carlos Meza
- Leonidas Romero
- Cristóbal Urruticoechea
Cabe destacar que algunos integrantes de la bancada republicana se abstuvieron de firmar el documento para luego tener la opción de ser parte de la comisión que deberá estudiar la acusación.
¿Por qué se presentará una Acusación Constitucional contra Izkia Siches?
Concretamente son siete los puntos que enumera el Partido Republicano para justificar su acusación constitucional en contra la ministra Izkia Siches. Estos son:
- “El retiro de querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los causantes de robos, incendios, destrozos y otros delitos graves cometidos durante el mediáticamente denominado ‘estallido social’ y el proceso de desarticulación de la división jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
- “La no ejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la ministra del Interior y Seguridad Pública y su comitiva en la localidad de Temucuicui, que incluyó la utilización de armas y amenazas”.
- “El haber comprometido gravemente el honor de la nación al utilizar, de manera imprudente e inoportuna, el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina”.
- “Entregar informaciones inexactas o intencionadamente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la incautación de armas a nivel nacional o las víctimas civiles en La Araucanía”.
- “Dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería, comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”.
- “Omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la ‘resistencia armada’ contra el Estado de Chile”.
- “Ignorar los resultados y recomendaciones sobre la aplicación del Estado de Emergencia, generando una reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la macrozona sur del país, que implicaron una afectación grave a la seguridad de la Nación y no ejecución de la Constitución y las leyes, poniendo en riesgo los Derechos Fundamentales de las personas”.
¿Qué pasa si se aprueba?
Una acusación constitucional consiste en un procedimiento en el que la ley faculta a los diputados a iniciar un juicio político a una autoridad por incumplimientos graves a su labor, infracciones a la Constitución o las leyes y abusos de poder o delitos.
En este caso se deberá elegir por sorteo a los diputados que deberán integrar la comisión revisora del caso. Esta tiene el objetivo de escuchar a los impulsores y defensores de la acusación. Tras esto, se debe emitir un informe de recomendación que se tendrá en cuenta cuando se realice la votación en la Cámara de Diputados.
Durante su paso por la Cámara Baja, la acusada puede invocar la “cuestión previa”. Si esta se acoge, la acusación no puede seguir adelante. Pero si se rechaza, se continúa con la votación.
Si los diputados rechazan la acusación, esta no se podrá renovar. Pero si la aprueban, se continúa el proceso en el Senado, que debe votar.
Si el Senado aprueba la Acusación Constitucional, Izkia Siches quedaríadestituido de su cargo como ministra del Interior y no podrá ejercer funciones públicas por cinco años, tal como ocurrió en 2019 con el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Posteriormente Siches sería juzgada por el tribunal competente para aplicar la pena correspondiente según el delito, en caso de que lo haya, y para efectuar la responsabilidad civil por daños y perjuicios causados.
