Durante los últimos días se dio a conocer el caso de los millonarios de dineros que entregó el ahora exseremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta, Carlos Contreras, a la fundación Democracia Viva. Institución cuyo representante legal es Daniel Andrade, la pareja de la diputada Catalina Pérez (ambos pertenecientes al partido Revolución Democrática).
La fundación recibió tres transferencias de dinero por trato directo por un total de $426 millones para diferentes proyectos en la región. Ante ello la Fiscalía comenzó a investigar el caso, sobre todo luego de conocerse que el exseremi Contreras había sido jefe de gabinete de Pérez. Además que también era parte de RD.
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Según confirmó el fiscal jefe de la región de Antofagasta, Cristian Aguilarse, la Fiscalía comenzó una investigación por los convenios que firmó la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva. Esto con el fin de descubrir la eventual comisión de delitos como tráfico de influencia, malversación de caudales públicos o fraude al fisco.
La investigación permitirá “definir si los hechos puestos en conocimiento del Ministerio Público resultan ser constitutivos de delito”, complementó el fiscal.
Las diligencias estarán a cargo la Bridec de la Policía de Investigaciones (PDI). Organismo que le pidió información al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la Seremi de la cartera y a la Contraloría regional de Antofagasta.
¿Cuáles son las penas a las que se arriesgan los responsables de estos delitos?
El fiscal Aguilarse explicó en caso de existir los delitos mencionados, los culpables se arriesgan a privación de libertad que va desde los 541 días hasta los 10 años.
El fiscal explicó que van a investigar a “la institución y las personas que la conforman que tienen algún poder decisorio para los efectos de haber intervenido en la celebración de estos convenios”.
Ante ello, debiese ser investigado el exseremi Carlos Contreras, además de todos los otros funcionarios de la institución que puedan haber tomado las decisiones. Pese a ello, es posible que la diputada Catalina Pérez, sea investigada en su calidad de parlamentaria. Además de ser la pareja de Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva.
En su calidad de ministro de Vivienda, Carlos Montes, también podría ser investigado. Aunque de momento no se ha comprobado que estuviera al tanto de los convenios con la fundación.
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De hecho, tanto él como el presidente Gabriel Boric solicitaron la restitución de los dineros que hasta el momento Democracia Viva no haya utilizado.
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