Roberto Garrido, Fiscal Regional de La Araucanía, habló sobre la Ley Antiterrorista y su aplicación dentro de la zona. El jefe regional del órgano persecutor hizo un llamado a modificar la normativa, acusando que fue creada para perseguir a opositores políticos en dictadura.

De acuerdo al encargado zonal del Ministerio Público, la ley “tiene que perfeccionarse”, para ello es necesario mejorar la “descripción de conductas antiterroristas”. Garrido además explicó que la legislación es “muy antigua, está desactualizada” y enfatizó que, se debe comprender “como una norma que proteja el Estado de Derecho y la democracia”.

En conversación con radio Cooperativa, Garrido comenzó explicando que la ley funciona “en términos muy restringidos porque es una normativa que exige un cúmulo de elementos para poder llegar a configurar un delito de carácter terrorista, que es complejo de acreditar”.

En ese sentido, explicó que la última sentencia en la que se dictó una condena por delitos terroristas fue en el caso Luchsinger Mackay, en dicha causa, “posteriormente la excelentísima Corte Suprema cambió la calificación del delito terrorista y estimó que era un delito común. Y eso lo tomo como ejemplo para poder demostrar lo complejo que es poder llegar a configurar un delito de carácter terrorista”.

Producto de lo mismo es que, a juicio del persecutor, “es una legislación que tiene que perfeccionarse, no solo mejorar en términos de descripción de las conductas terroristas, sino que también aportar en cuanto a herramientas de investigación”.

“Es una ley muy antigua, que está desactualizada en cuanto a las herramientas de investigación, las últimas modificaciones van en el sentido que me parece correcto: distinguía a los adolescentes de la aplicación; pero es una normativa que requiere, de todas maneras, una modernización”. Esto, porque tiene sus bases “a partir de la persecución de opositores políticos, que hay que dejar absolutamente atrás y hay que entenderla como una norma que proteja el Estado de Derecho y la democracia”.