Este martes el presidente de la República, Gabriel Boric, presentó la Política Nacional contra el Crimen Organizado, con la que espera desarticular bandas y organizaciones criminales.

¿De qué trata la nueva Política Nacional contra el Crimen Organizado?

La Política Nacional contra el Crimen Organizado está enfocada desde este año hasta el 2027, y su principal tarea es implementar medidas específicas para combatir los principales delitos y mercados criminales del país.

Estos delitos son: narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas y municiones, cibercrimen, contrabando y delitos medioambientales como el robo de cobre, madera y salmones; así como sus delitos conexos como homicidios y lavado de activos.

Cabe destacar que, en total, se destinarán más de 39 mil millones de pesos para fortalecer a Carabineros, PDI, Aduanas, Directemar, Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería, en su misión de combatir este fenómeno.

“Representa un plan estratégico para disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución”, declaró el Gobierno.

Plan de acción

El plan conformará cuatro orgánicas para trabajar. Una es el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado, otros los Consejos Regionales contra el Crimen Organizado, las Unidades de Coordinación Estratégica y las Mesas interinstitucionales para el abordaje de delitos de la criminalidad organizada.

La Política Nacional contra el Crimen organizado tiene 10 ejes de acción:

  • Eje 1: Fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, mejorando la coordinación respecto al intercambio y análisis de información, así como la capacidad de articular acciones conjuntas.
  • Eje 2: Desbaratar la economía del crimen organizado, con una mejor respuesta estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado y en la lucha contra el lavado de activos.
  • Eje 3: Disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales, mediante el fortalecimiento de los sistemas de detección y persecución de su tráfico ilegal y actualizando la legislación sobre tenencias de armas.
  • Eje 4: Abordaje del crimen organizado en los recintos penitenciarios, previniendo su operación, el reclutamiento de nuevos integrantes y el contagio criminógeno entre personas privadas de libertad.
  • Eje 5: Agenda Legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución del crimen organizado, con una actualización del marco normativo.
  • Eje 6: Actualización de equipamiento y tecnología, para que las instituciones competentes en la detección, persecución y desbaratamiento de las organizaciones criminales puedan contrarrestar la capacidad adaptativa de estas.
  • Eje 7: Formación institucional y de capital humano de quienes enfrentan el crimen organizado para abordar sus dinámicas particulares y nuevas tendencias.
  • Eje 8: Prevenir la corrupción en instituciones públicas, para que éstas no sean permeadas por las acciones de las organizaciones criminales.
  • Eje 9: Aumentar la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la reforma policial, incorporado en ella objetivos específicos para este fin.
  • Eje 10: Fomentar la cooperación y coordinación internacional, optimizando los esfuerzos conjuntos y multinivel con otros países.