Jair Bolsonaro, presidente de Brasil está tirando sus últimas cartas como mandatario carioca y a solo nueve días que Lula da Silva asuma como presidente, tomó una drástica decisión para el devenir de la nación más grande de Sudamérica: indultó a policías y militares condenados por una famosa masacre carcelaria ocurrida en la década de los 90’s.
Corría el 2 de octubre de 1992, cuando un motín iniciado en el pabellón 9 de la cárcel Carandiru, en Sao Paulo. El centro penitenciario tenía más de 8.000 internos hacinados en condiciones insalubres y, en aquella jornada, 111 fueron víctimas de homicidio perpetrado por la policía militar brasilera. Producto del caso, 74 agentes militares fueron condenados en juicios realizados entre 2013 y 2014.
Pese a que los homicidas fueron declarados culpables hace casi una década, nunca han sido encarcelados, producto de maniobras judiciales que han servido para dilatar los casos; convirtiéndose así en uno de los máximos símbolos de impunidad en Brasil.
De los 74 funcionarios asesinos, 69 ex agentes siguen vivos y ellos son los indultados por Bolsonaro, a solo nueve días de dejar el Palacio de Plantalto.
Los agentes del Estado reprimieron el motín con violencia extrema, incluso disparando a reclusos que se encontraban encerrados en celdas, sin que tuviesen la oportunidad de salir.
Según las pesquisas forenses, los 111 fallecidos recibieron, en total, 515 balazos, 126 de ellos en la cabeza, lo cual fue considerado por grupos de defensores de los derechos humanos como prueba de que fueron ejecutados alevosamente.
El hecho produjo tal conmoción dentro de todo Brasil que las autoridades debieron cerrar el centro penitenciario en 2002 para, posteriormente demolerlo y más tarde dar lugar a un parque.
