Un lunes noticioso tuvo la Municipalidad de Santiago, ya que su alcaldesa Irací Hassler fue oficiada por la Contraloría General de la República tras la detección de un “otorgamiento irregular” de asignaciones a la exdirectora de Salud del municipio, Beatriz Chamorro.
Según informa EMOL, Chamorro habría renunciado hace aproximadamente un mes y medio a su cargo y es una de las apuntadas por Fiscalía en la investigación de la fallida compra de la exClínica Sierra Bella, ya que esta sería conocedora de las condiciones de la transacción y no objetó la intención de compra por los más de $8 mil millones.
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En tanto, la denuncia de Contraloría inició cuandoel presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud N°2 de la Municipalidad, Luis Rodríguez, denunció a la entonces directora de haber recibido la asignación de competencias profesionales, bajo una figura jurídica que no correspondía.
El oficio al cual tuvo acceso EMOL, detalla que viene una solicitud de un informe al Municipio con el objetivo de conocer los detalles y argumentos por los que se entregó una asignación la profesional, mientras que la administración municipal explicó que la asignación fue otorgada en virtud de lo que señala el artículo 45 de la Ley N° 19.378, previa aprobación del Consejo Municipal y no el artículo 8° de la Ley N°20.816.
Indicando además que se trataba de la “Asignación Red de Salud de Santiago-Especialidades”, la cual incluye la especialidad de Medicina Familiar, con la atención primaria de salud en los centros de la Red Comunal de Santiago, de la cual forma parte la Dirección de Salud.
Posteriormente, Contraloría mencionó una “cuarta asignación transitoria” que se refiere explícitamente al Título VI de la ley N° 20.816, correspondiente a la “asignación por competencias profesionales para médicos cirujanos regidos por la ley N° 19.378”.
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Agregando que el artículo 45 de la ley N° 19.378 establece que las asignaciones especiales se pueden otorgar según las necesidades del servicio y queel acuerdo del consejo no especifica esas por lo tanto, se determinó que el otorgamiento de la asignación “no se encuentra ajustado a derecho y se estableció un plazo de 15 días hábiles para que el municipio informe sobre las medidas que se tomarán al respecto, además de sugerir a la Municipalidad considerar la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar las posibles responsabilidades administrativas derivadas de esta situación.
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