El Gobierno específicamente de la mano del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, le solicitó la renuncia al Seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, quién estaría involucrado en millonarios aportes a la cuestionada e investigada fundación Urbanismo Social.
¿Cuáles son las razones de la denuncia?
De acuerdo a lo informado por Meganoticias, el secretario de Estado habría solicitado la renuncia de Hernández tras ser indagado por el Ministerio Público.
En ese sentido, Montes aseguró que “hemos resuelto hacer un sumario administrativo, completo, no solo una administración sumaria, al seremi de Vivienda de la región del Maule”.
“El equipo que estaba investigando los antecedentes en la zona recibió nuevas informaciones en las cuales él (Hernández) aparece involucrado más allá de la obligación de inhabilidad que tiene, a propósito de la firma de una solicitud de darle vigencia a un organismo de Urbanismo Social”, agregó
En tanto, el titular de Vivienda aseguró que “Lo que corresponde es que el seremi deje de ser ahora seremi, le pedimos la renuncia, ahora estaba suspendido, y en segundo lugar que se le aplique con las correspondientes normas el sumario administrativo y esto también lo vamos a entregar a la Fiscalía como corresponde”.
Ministro Montes culpa al Gobierno anterior por los convenios entre fundaciones y el Estado
El ministro de Vivienda expuso este martes los antecedentes del “caso Convenios” ante la comisión de la misma área en el Senado que fueron suscritos entre su ministerio y fundaciones privadas.
Cabe recordar que desde la Fiscalía están investigando la posibilidad de que ocurrieran delitos de corrupción en al menos cuatro regiones de todo el territorio nacional.
El titular de vivienda expuso ante la comisión y explicó cual fue el mecanismo que se uso para suscribir convenios con las fundaciones privadas de acuerdo al programa “Asentamientos Precarios”, según consigna el medio La Tercera.
“Todos los gastos vienen del gobierno anterior”
No obstante, el secretario de Estado aseguró que los montos y convenios habrían sido aprobados en 2021, es decir, fecha en que seguía el mandato del expresidente Sebastián Piñera.
“El gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu”, dijo.
