Romy Rutherford, ministra en visita de la Corte Marcial que investiga el fraude en el Ejército conocido como ‘milicogate’ sostuvo que los excomandantes en Jefe castrenses Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente–Alba y Humberto Oviedo, se concertaron para defraudar a la institución por medio de la sustracción de gastos reservados.

La jueza afirmó esto en el informe llamado “el recurso de amparo presentado por la defensa de Cheyre”, en respuesta a la acción de amparo interpuesta por el representante del gerenal (R), Jorge Bofill, ante la Corte Marcial.

El abogado del general (R) Cheyre interpuso el recurso de amparo cuestionando el procesamiento de la jueza por supuestas faltas a la Constitución, motivo por el cual el tribunal militar le solicitó el informe a Rutherford. Cabe recordar que el excomandante en Jefe del Ejército está procesado por el uso irregular de $128.638.559 pesos que debían ir destinados a labores de inteligencia.

En el informe de 23 páginas, Rutherford desestimó los argumentos de Bofill, señalando que “existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y -como en el caso- disponer la prisión preventiva se encuentra indubitada”.

“La defensa pareciere haber malentendido que los hechos justificados -hasta ahora- dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro. Por lo anterior, la imputación se refiere a la malversación que de gastos reservados el encausado determinó y acordó para que fuera materializado cuando dejara su ejercicio activo, y pasara a tener la calidad de excomandante en jefe”, agrega la jueza.

Dentro del escrito, la ministra en visita sostiene que Fuente–Alba, Oviedo, Izurieta y Cheyre se pusieron de acuerdo para fijar un sistema para recibir dineros de gastos reservados una vez que los generales pasaran a retiro.

Según Rutherford, en dicho sistema, “se alude al funcionario que tiene fondos a ‘su cargo’, es decir, que estén a su cuidado, disposición o responsabilidad y es, precisamente aquella hipótesis que se habría verificado en la especia en lo que atañe al comandante en jefe en ejercicio, quien estuvo en concierto con aquellos excomandantes en jefe que, a su vez, recibieron mensualmente los caudales públicos ya explicados”.

“Al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandantes en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos -facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros- no puede desconocerse el concierto que se ha referido”, agrega la jueza.