La impresión de 700 mil ejemplares de la propuesta de Nueva Constitución por parte del gobierno está en el ojo del huracán. Esto, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible dos querellas interpuestas por el presunto delito de malversación de caudales públicosen la impresión de estos ejemplares.
En la querella, publicada por el diario La Tercera, se indica que el Ejecutivo autorizó, el 21 de julio, “la contratación directa por un monto de $ 444.615.384” para “impresión y distribución del texto de la propuesta de Nueva Constitución”.
Y se agrega que dicha acción”no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuestospara el Sector Público correspondiente al año 2022″. Y agrega que “la Ley correspondiente no autoriza la contratación (edición) de la impresión de libros”, agregando que “los fondos (…) solo pueden ser utilizados para el ‘funcionamiento’ de la CC”.
El diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, quien presentó una de las querellas, explicó que “hemos sugerido que se cite a declarar en primer lugar al ministro Jackson para ver sus responsabilidades en el tema”.
El parlamentario de derechaaclaró que esta presentación se funda en que”hay una prohibición legal de imprimir esta cantidad de documentos en la ley de presupuesto (…) crearon un ítem para poder imprimirlos, y eso es malversación de fondos porque están gastando dinero donde no se puede gastar”.
La otra querella fue presentada por el abogado integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, Marcelo Brunet.
¿Qué dijo el ministro Jackson?
El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, calificó la querella de un”show triste en términos políticos”, agregando que “constituye evidentemente una instrumentalización tanto de tribunales de justicia como también del ministerio público con evidentes fines electorales”.
Sobre la posibilidad de haber cometido un delito, el secretario de Estado fue enfático: “Lo descarto de manera tajante y completa”. Y lamentó la acción de Irarrázaval “en momento en donde tanto tribunales como la fiscalía se ven todos los días sobrepasados haciendo mucho trabajo para poder perseguir el delito”.
Jackson fue claro al decir que “ninguna acción que haga un diputado, en este caso utilizando los Tribunales de Justicia y al Ministerio Público, nos va a amedrentar ynos va a detener en esta causa de poder informar a la población”.
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