Siete personas fallecidas –tres de ellas, menores de edad– la toma de la pista de un aeropuerto y de una empresa de lácteos, además del decreto de Estado de Excepción en siete provincias, son parte del saldo que dejan miles de manifestaciones contra la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo y asunción de Dina Boluarte como mandataria en Perú.
El pasado miércoles, el exmandatario intentaba dar un autogolpe de Estado, anunciando el cierre del Congreso, todo esto, en horas previas a que el parlamento discutiera una moción de vacancia en su contra, por acusaciones e investigaciones judiciales por casos de tráfico de influencia, colusión y formar parte de una organización criminal.
Tras ser aprobada la vacancia, la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, fue quien asumió como la primera mandataria del vecino país y apenas un par de días más tarde, anunciaba un proyecto de ley para adelantar las elecciones presidenciales al 2024.
Sin embargo, la propuesta recrudeció el panorama social de manifestantes que exigen la libertad de Castillo, junto al cierre del Congreso y nuevas votaciones en el corto plazo. Y es que la propuesta de adelantar los comicios no satisface a los miles de detractores. “No vamos a esperar dos años. En estos dos años ellos quieren acomodar las cosas a su conveniencia”, aseguraba un manifestante a Radio Francia Internacional.
Protestas en Perú (Getty Images)
Producto de las manifestaciones, hasta ayer lunes, se registraban siete fallecimientos en Perú, tres de ellos, corresponden a menores de edad de entre 15 y 16 años.
Uno de estos decesos se produjo cuando una turba de unos 1.500 manifestantes se tomaron la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad más poblada del Perú. El fallecimiento ocurrió mientras la policía utilizaba la fuerza para dispersar a los reclamantes y recuperar la pista tomada.
De acuerdo a una fuente de la Defensoría del Pueblo, “tenemos reportado siete personas fallecidas en las regiones de Abancay y Arequipa”, desde el domingo 11 de diciembre.
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), declaró la oficina se encuentra “profundamente preocupada por la posibilidad de una escalada de la violencia”.
“Dada la cantidad de protestas, incluidas huelgas, previstas esta semana, hacemos un llamado a todos los involucrados para que ejerzan moderación”, se indicó en un comunicado emanado desde la ONU.
Mientras en las calles del Perú se viven jornadas de caos, la atención se centra en el Congreso, donde deberán discutir la propuesta de la presidenta Boluarte, que implica recortar el periodo legislativo en dos años. Todo esto mientras el 80% de los peruanos desaprueban la gestión del parlamento.
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