Hace 8 años, en 2013 se aprobó durante el primer gobierno de Sebastián Piñera la polémica y criticada Ley de Pesca. Esta iniciativa buscaba modificar algunos aspectos en relación a la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos y regular el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal.

Rápidamente el proyecto recibió varias críticas tras los casos de corrupción que ocurrieron en el Caso Corpesca, en el que terminaron siendo condenados la exdiputada Marta Isasi (UDI), y el exsenador Jaime Orpis (UDI).

Orpis fue condenado a cinco años y un día de cárcel por recibir pagos de más de $233 millones de parte de la pesquera Corpesca, por los delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios. Por su parte, Isasi recibió $40 millones de la pesquera y fue condenada a 50 días de prisión efectiva por cohecho. 

Ambos fueron sobornados para votar a favor del proyecto de ley, mientras que Corpesca también fue condenada a pagar una multa de $516 millones. Ante esos sucesos, el 6 de enero de 2016 fue ingresado un proyecto por parte de un grupo de parlamentarios del PC y del PPD que buscaba anular dicha la Ley de Pesca o también llamada Ley Longueira.

¿Qué se votó en la Cámara de Diputados acerca de la Ley de Pesca?

Finalmente, este lunes 8 de agosto fue anulada la Ley de Pesca en la Cámara de Diputados por 117 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones. Lo que significa que la ley quedaría completamente anulada, aunque ahora la discusión pasará al Senado antes de ser una realidad.

El principal argumento para derogar esta ley es que “en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad. De acuerdo a lo expresado, en su elaboración intervinieron parlamentarios que tenían, a esa fecha, intereses económicos en la industria pesquera, sin que lo advirtieran ni, menos aún, que se inhabilitaran en la votación”, según establece el texto.

También se acusa que esta ley benefició a un reducido grupo de empresas, mientras que miles de familias que viven de la pesca en Chile habrían sido perjudicadas. “Sabemos cómo esta ley que favoreció a siete familias actuó en desmedro de casi 100 mil familias trabajadoras de la pesca artesanal”, explicó el diputado Jorge Brito de Revolución Democrática.

Hay que recordar a fines de junio de este año, el Gobierno se comprometió a avanzar en veinte medidas que buscan ir en ayuda del sector de la pesca artesanal. Esto incluirá una nueva ley de pesca que busca dejar atrás todos los cuestionamientos que ha recibido la anterior y que entraría en vigencia en un plazo de dos años.