La Asociación de Isapres proyectan pérdidas por $40 mil millones de pesos por año a causa el fallo de la Corte Suprema que les prohibió cobrar por planes de salud a cargas de afiliados que sean menores de dos años.
El pasado 1 de diciembre el máximo tribunal del país resolvió que las aseguradoras privadas deberán aplicar la tabla de factores dictada en 2019 por la Superintendencia de Salud. El fallo también determinó que no pueden cobrar por los menores de dos años y, que el precio de los planes, no puede aumentar “por el solo cambio del grupo etario del cotizante”. Así, se ordenó la restitución de los cobros en exceso a los afiliados.
Durante esta jornada, en la Comisión de Salud del Senado, donde participaron la Ministra de Salud, Ximena Aguilera; el superintendente de Salud, Víctor Torres, y el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon; analizaron la situación de la industria tras el denominado ‘Supremazo’.
Respecto al panorama de las Isapres, Simon expresó que cumplirán la sentencia manteniendo el equilibrio en el sistema privado y sostuvo que no pide un “salvataje”, sino que las isapres no cierren y también pidieron conocer los plazos para la implementación del dictamen de la Suprema –lo cual debe definir la Superintendencia de Salud en un periodo no superior a seis meses–.
Las isapres “no están buscando un salvataje ni un rescate, lo único que se busca es una implementación de la sentencia que no provoque el cierre del sector privado de salud. La implementación, insistimos, tiene que ser correcta, adecuada, prudente, oportuna”, sostuvo Simon.
El presidente de la Asociación de Isapres también señaló que la industria acumula pérdidas que ascienden a $270 mil millones de pesos y que, producto del dictamen del máximo tribunal sobre no aplicar la tabla de factores de riesgo a menores de dos años, se proyectan pérdidas de $40 mil millones de pesos.
La Suprema determinó que las isapres pueden aplicar la tabla de factores de riesgo, pero solo la definida por la Superintendencia de Salud y se pueden incorporar en el precio a las cargas de los afiliados, siempre y cuando se respeten los factores definidos por la tabla de la superintendencia.
En contraparte, la sentencia señala que no se puede cobrar por menores de dos años y que se debe aplicar la nueva tabla de factores de manera obligatoria para todos los afiliados. El tribunal supremo señala que el regulador tendrá un plazo de seis meses para determinar la forma en que se concretará la adecuación de precios.