Tras la dictadura de Augusto Pinochet, Chile comenzó un duro trabajo. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Política y Tortura Revisada investigaron y analizaron los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el gobierno del dictador.
De hecho, aún hay 1.159 víctimas de desaparición forzada cuyos familiares siguen buscando. En esta jornada, en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, en Santiago, se dio un nuevo paso en busca de la verdad con el anuncio del Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de la Dictadura.
El plan es encabezado por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, junto a cerca de 60 representantes de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de víctimas de desaparición forzada.
"Este es un compromiso de nuestro gobierno. A pesar de que han pasado más de cuatro décadas, existen más de mil víctimas cuyos restos no han sido hallados, identificados y entregados a sus familiares, quienes no solo no han podido hacer un entierro como toda persona merece, sino que también en muchos casos no conocen toda la verdad, no saben las circunstancias, ni han logrado justicia”, dijo la ministra Ríos.

“Hay muchos acciones que el Estado ha realizado de manera sistemática  y organizada. Hay muchas organizaciones que pueden colaborar más allá de que los propios perpetradores de estos crímenes no participen. Tenemos deudas y tareas pendientes desde el Servicio Médico Legal, desde las instituciones donde hay terreno fiscal, desde el propio Poder Judicial. (...) Nosotros tenemos confianza de que vamos a poder avanzar. También existe un numero todavía no menor de restos, osamentas que se han ido encontrando en las últimas décadas y que requieren terminar de ser identificadas adecuadamente y ese es un trabajo que desde el ministerio estamos impulsando en el Servicio Médico Legal", agregó la secretaria de Estado.

Los ejes del plan

El plan cuenta con cinco ejes: Primero, "Participación de familiares en la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega de los restos a los familiares de las víctimas de desaparición forzada de la dictadura cívico militar en Chile"; Segundo, "Creación de registro único nacional de víctimas de Desaparición Forzada de la dictadura cívico militar, ocurrida entre 1973 y 1990 en Chile"; Tercero, "Recopilación, análisis y sistematización de documentos y archivos que contengan información sobre las circunstancias de Desaparición Forzada de las víctimas"; Cuarto, "Investigación del paradero de las víctimas de Desaparición Forzada y realización de trabajos para recuperar sus restos, identificarlos y entregarlos a sus familiares"; y Quinto, "Investigación judicial por los delitos de inhumación y exhumación de las víctimas de Desaparición Forzada en Chile".