Chile ofrece residencia y nacionalidad a centenares de ciudadanos nicaragüenses, luego que el gobierno del país centroamericano decidiera quitarles la nacionalidad a 300 personas opositoras al régimen de Daniel Ortega.
La noticia fue informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde señalaron que, “ante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de trescientas personas nicaragüenses, identificadas como opositoras políticas, el Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan”.
“El Gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla”, agrega la Cancillería.
Desde la cartera comandada por la ministra Antonia Urrejola, agregan que “La historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos, y la solidaridad internacional entre los pueblos, trascienden las coyunturas políticas y forman parte de estándares civilizatorios esenciales para la vida en sociedad”.
“Los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior y Seguridad Pública, por instrucciones del Presidente de la República, tomarán las medidas correspondientes con el fin de implementar esta decisión”, cierra el comunicado emandado desde la Cancillería.
Argentina también se sumó a la decisión de Chile de acoger a expatriados nicaragüenses expatriados por Ortega.
Ortega quita nacionalidad a 300 nicaragüenses
Todo comenzó el pasado 9 de febrero, cuando el gobierno de Daniel Ortega expulsó y expatrió a Estados Unidos a 222 presos políticos considerados como “traidores a la patria”, donde se incluyeron siete postulantes a la presidencia que postularon a las elecciones junto al mandatario.
Días después, el 15 del mes, fueron despojados de la nacionalidad otros 94 nicaragüenses, entre los que se encontraban religiosos, diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes.
