Con los votos de los jueces Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier y el abogado integrante Ricardo Abuauad, la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso presentado por la defensa del ex comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, con el objetivo de que el interrogatorio contra el militar (r) se hiciese en su casa y ante su abogado en la investigación del fraude con fondos de la Ley Reservada del Cobre, el denominado Milicogate.

Martínez estuvo a punto de ser el primer comandante en jefe en servicio activo en ser interrogado como inculpado en este caso, pero el aludido general (R) presentó su renuncia el 2 de marzo, apenas una semana antes de entregar el poder a su sucesor Javier Iturriaga, quien había sido nombrado por el entonces Presidente Sebastián Piñera.

El exuniformado recurrió a la Corte Marcial pues indicó que el interrogatorio en las oficinas de la jueza especial Romy Rutherford y sin la presencia de su abogado defensor constituían una “amenaza a su libertad”. La Corte Marcial le dio la parcialmente la razón, por tres votos contra dos, indicando que podía recibir a la jueza en su domicilio particular, aunque sin su abogado.

Un grave caso de corrupción afecta al Ejército. (AGENCIA UNO)

Un grave caso de corrupción afecta al Ejército. (AGENCIA UNO)

Lo queresolvió la Corte Suprema

En el texto de la Corte Suprema se indica que “los hechos denunciados con ocasión de la acción de amparo intentada en autos en modo alguno privan, perturban o amenazan la libertad personal o la seguridad individual del amparado (…) Acorde a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada de siete de marzo de 2022, dictada por la Corte Marcial (…) y en su lugar se decide que se rechaza en todas sus partes la acción de amparo deducida con fecha 3 de marzo de 2022 por el abogado don Juan Carlos Manríquez”.

Martínez, quien declarará en calidad de inculpado, estaba citado el 3 de marzo por la ministra Rutherford para que aclare su participación en la malversación de fondos públicos en la compra de pasajes aéreos, que podrían haber sido usados por familiares de militares, en la denominada arista de “viajes y fletes” -o “agencia de viajes”- del Milicogate.

Tras la resolución, la ministra deberá fijar una nueva fecha para el interrogatorio del exComandante en Jefe del Ejército.