Un peso pesado a la defensa. La ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, fichó a un abogado de peso pesado y destacada trayectoria política y gubernamental para que la defienda de la acusación constitucional que pesa en su contra por el caso de los 13 indultos presidenciales otorgados a 12 detenidos del estallido social, más Jorge Mateluna.
El anuncio del Presidente Gabriel Boric desató un verdadero terremoto político, que dejó a la ex titular de la cartera renunciada luego de conocerse “desprolijidades” en el proceso de indultos, una acusación constitucional contra la otrora secretaria de Estado, una denuncia en la justicia, diversos requerimientos en Contraloría y el Tribunal Constitucional e incluso una posible acusación constitucional contra el mandatario.
Tras la renuncia de la ex ministra, el Gobierno nombró a Luis Cordero como nuevo titular de Justicia. El recién asumido tendrá la tarea de ponerle punto final a la crisis generada y en sus primeras declaraciones, aseguró que el problema dejó de ser político y pasó a ser judicial en el instante en que Contraloría y el TC tomaron cartas en la polémica.
Por otro lado, ya fuera del gobierno, la ex secretaria de Estado debe enfrentar la difícil acusación constitucional por “ilegalidad” y “negligencia” que pesa en su contra y para ello contrató a una reconocida carta del PS y la Concertación, que también se desempeñó como ministro del Tribunal Constitucional: José Antonio Viera-Gallo.
Viera-Gallo y la experiencia
La idea de Ríos de contar con un abogado y político de peso, que conoce en primera persona el teje y maneje del Congreso por haber sido diputado, senador y ministro de la Segpres, es precisamente la experiencia en resolver discusiones legales que se dan en marco de la política. En este sentido, la apuesta es que Viera-Gallo pueda centrar la defensa en cómo se dieron los hechos, más que en las repercusiones internas que pueda haber en La Moneda.
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