La intendencia de la Región del Biobío quedó en la mira luego que la Contraloría detectara una serie de irregularidades en la entrega de cajas de ayuda social con motivo de la pandemia del coronavirus.
El ente regulador detectó pagos de sobreprecios de hasta un 116% en la compra de cámaras de vigilancia y de hasta 71% en cámaras térmicas, lo que se traduce en un pago extra de más de $55 millones de pesos.
También se reveló el pago de $179 millones al proveedor KMI Security SpA por concepto de compras de dichas cámaras, las cuales no fueron instaladas en su totalidad, lo que obligó a la intendencia a adoptar otras medidas con el fin de resguardar los recursos.
Beneficiarios fallecidos e inscritos sin RUN
Sin embargo, lo más llamativo del informe es que se descubrió la entrega de 899 kits a personas ya fallecidas y también hubo irregularidades en la confección de los listados de las personas que requerían ayudas, donde se verificaron beneficiarios sin RUN o con los RUN incorrectos.
Otro de los aspectos graves que dejó en descubierto la Contraloría es que hubo al menos 409 beneficiarios que recibieron más de una caja de ayuda y que hay, por lo bajo, cuatro funcionarios públicos de planta que recibieron los beneficios, sin que se acreditara la condición para ser beneficiarios.
