Una desagradable sorpresa fue la denuncia de la Corporación Santiago 2023 por mala utilización de un convenio con Copec para cargas de combustible. Al ver los vehículos institucionales que utilizaron el servicio, encontraron 150 placas patentes que no estaban en el listado oficial de automóviles autorizados.
El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, presentó una Denuncia Judicial ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. Ahora, La Tercera accedió al documento y reveló cómo se descubrió al funcionario que presuntamente inscribió los vehículos no oficiales.
En el escrito se establece que la alerta nació luego de un informe hecho por la misma corporación. “Se solicitó a finales del mes de diciembre de 2023 a la empresa COPEC la base de datos general, incluyendo toda la información de las cargas de combustible efectuadas, la cual fue recibida con fecha 4 de enero por Oscar Camargo Arias, Sugerente de Transportes”, lee la denuncia.
“Se inició el análisis de cada una de los más de 7.000 registros de información, detectando que 150 número de placas patentes no correspondía a los vehículos oficiales de la Corporación. Por lo anterior, se solicitó a COPEC la información de las personas o el usuario que ingresó los números de placas patentes en el sistema y autorizó la carga de combustible”, dice.
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Fraude millonario
El análisis de la información arrojó que hubo 1.486 cargas que no correspondían a vehículos oficiales de la institución y que correspondían a $55.241.929. Además, se descubrieron cuatro cargas utilizadas en un vehículo particular. Era del ciudadano venezolano J.J.S.C, quien se desempeñaba como encargado de la Unidad de Flota de Vehículos de Transportes de Santiago 2023.
El funcionario era el responsable de implementar, gestionar y controlar el uso de combustible en la aplicación Muevo Empresa, habilitada por Copec para la carga de vehículos oficiales de Santiago 2023. Se le identificó porque se había creado dos usuarios distintos. El análisis de Copec detectó que el acusado “autorizó las cargas a vehículos no oficiales por medio de alguna de sus cuentas”.
Cabe destacar que, como el convenio era con una empresa privada, los dineros involucrados en este fraude no corresponden a los aportados por el Estado.
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