Amnistía Internacional reveló la mañana de este jueves su informe sobre "Crímenes de derecho internacional, graves violaciones de derechos humanos, intencionalidad y generalidad", tras someter a exámen el actuar de las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, principalmente el Ejército y Carabineros.

El organismo constató 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía. Algo que también ha ocurrido en 11 comunas de la Región Metropolitana entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.

Con ello constató el uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su por su Cuerpo de Verificación Digital y su experto en armas y municiones.

Amnistía dio cuenta de que "cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta".

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, en conferencia de prensa fue tajante al señalar que "la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes".

"En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy", añadió.

A propósito de las acusaciones constitucionales que ya se cursaron en el Congreso contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick y el mismo Presidente Piñera, Guevara complementó que "la responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo".

"Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día", concluyó.

 

 

En voz de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, el Gobierno de Sebastián Piñera rechazó la tarde de este jueves los resultados del informe que presentó Amnistía Internacional.

"El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes", postuló Recabarren.

Posteriormente enfatizó que "la única política que ha tenido el Gobierno es la del resguardo y la protección de los derechos humanos que ha sido desde el primer día declarada y reiterada por todas las autoridades de Gobierno".

Esto, para luego recalcar: "el informe que hemos conocido hoy lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del estado de derecho y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos".

"En Chile todas las instituciones del Estado actúan con plena independencia", finalizó.

Ante el cuestionamiento de no solicitar información al Gobierno, Amnistía Internacional reaccionó una vez más, asegurando que se solicitaron reuniones con las autoridades correspondientes y no se obtuvo respuestas.