La Contraloría General de la República declaró ilegales 29 de 34 convenios entre el Estado y fundaciones. Estos acuerdos fueron suscritos en 2023 e involucran más de $13 mil millones.
¿Qué fue lo que sucedió?
Tras el escándalo del Caso Convenios, el contralor Jorge Bermúdez congeló la toma de razón de todos los convenios en el país, y en sus indagaciones, determinó que, de los 34 casos en total, 29 no cumplen los estándares requeridos, por lo tanto, fueron declarados ilegales o “representados”, término jurídico que ocupa el ente contralor.
En la investigación de Contraloría, se destacan fundaciones que presentan giros “demasiados amplios” para ejercer y recibir transferencias desde el Estado. Por ejemplo, el organismo regulador advirtió que algunas ONG dicen estar dedicadas a “ayudar al prójimo”, lo que deja mucho espacio para la interpretación.
También se objetó la “falta de claridad de los ítems de gastos” y la “inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras” de los fondos transferidos.
Con esta declaración de ilegalidad, los convenios vuelven a foja cero: es decir, quedan anulados, y si las partes quieren volver a celebrarlo deben iniciar otro proceso de toma de razón, independiente si luego se decide abrir un sumario.
¿Cuáles fueron los casos revisados?
De los 29 casos declarados ilegales, se encuentran las transferencias realizadas desde el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos a organizaciones como la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün y la Fundación Chinquihue, ambas investigadas por el Ministerio Público.
De aquellos, destaca el traspaso de más de $667 millones a la corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo, a pesar de que el convenio había sido previamente declarado ilegal.
De acuerdo a información de La Tercera, lo que queda ahora será la revisión de poco más de 10 convenios que están bajo la lupa de los abogados de Contraloría, donde no descartan seguir encontrándose con millonarias “sorpresas” que involucran fondos fiscales.
