Siguen apareciendo parlamentarios involucrados en el caso Bencina. En la semana anterior, Ciper publicó que familiares y asesores de varios diputados y un senador cargaron combustible con tarjetas entregadas por la Cámara para uso exclusivo de los parlamentarios.
Entre los mencionados aparecían los diputados Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano), Claudia Mix (Comunes), Viviana Delgado (Partido Ecologista Verde), Ana María Gazmuri (Acción Humanista); el ex parlamentario Diego Paulsen (RN), y el senador Gustavo Sanhueza (UDI). Ante la denuncia, la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación penal.
Pero ahora apareció otro nombre: el senador Francisco Chahuán (RN). Es que la esposa del parlamentario y jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar, Sandra Ibáñez, cargó bencina en Concón con la tarjeta entregada por el Congreso a su cónyuge. El 18 de abril, la magistrado gastó $74.000 de combustible en la camioneta Kia que está registrada por el legislador.
Chahuán le explicó a Ciper que “yo soy muy riguroso en términos de uso de los recursos públicos. Ella cargó el vehículo una sola vez. Ese día yo iba hablando por teléfono, iba como copiloto porque andaba sin chofer”. Pero eso no es cierto, según confrontó el medio periodístico, pues en esa jornada, el senador estuvo en la sede del Congreso en Santiago, luego participó en la Comisión Política de RN, en Providencia, y más tarde asistió a un programa en CNN Chile, en Santiago.
Las pruebas obligaron al cambio de versión de Chahuán. “Ese lunes yo estuve en Santiago. Pero ese auto lo uso yo, no es un auto que utilice mi señora. Puede que mi señora ese día lo haya cargado, pero ella no lo usa regularmente, fue una excepción”, apuntó.

El viaje al sur

Pero no es todo. Chahuán habría cargado otro de sus autos registrados, marca Chery, en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía.
La explicación indica que el presidente de RN iba a fiscalizar la cárcel de Angol (Región La Araucanía), el 24 de agosto, ante una denuncia de funcionarios de Gendarmería. Y envió una avanzada de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) que lo resguardan -por amenazas de muerte- pero los funcionarios regresaron porque “el director de la PDI me llamó y me dijo que no debía viajar porque soy querellante en la causa contra Héctor Llaitul, a quien habían detenido ese mismo día”.
Ese día, el vehículo registra una carga en un servicentro de Teno (Región del Maule). Dos días después, la camioneta volvió a pasar por la misma estación de servicio. Chahuán aseguró que sus escoltas volvieron a viajar al sur, porque se fue a reunir con comunidades mapuche. Y el 27 de agosto hay una carga de bencina en Villarrica (Región de La Araucanía). Según el senador, no hay registro de su visita a las comunidades por solicitud de las mismas, y reconoce que “pasé a una actividad del Rechazo, pero viajé a reunirme con comunidades mapuche. Porque soy querellante de causas. Yo no use recursos públicos en actividades de campaña, porque básicamente el traslado… mira, yo llegué en avión a Temuco, con pasajes pagados por mí, y estuve en una actividad de cierre de campaña en esa ciudad. Después me reuní con comunidades mapuche. Por instrucción de la PDI no podía ir solo”. Es decir, él viajó en avión y sus escoltas viajaron en camioneta.
Ciper agregó que que “en las cargas de bencina de los vehículos registrados por Chahuán figuran seis RUT que no corresponden a su personal de apoyo contratado por el Congreso. El senador le dijo a Ciper que son detectives de la PDI que resguardan su seguridad desde que está con medida de protección vigente por las amenazas que ha recibido”.

El caso Lagos Weber

Otro senador que aparece en la nota es Ricardo Lagos Weber (PPD) por una carga combustible ($34.008) ocurrida el 28 de junio de 2019 en las cercanías de Laguna Caren (Ruta 68). El lío es que tal acción aparece a nombre de una persona que no está en las inscripciones autorizadas por Congreso y que el parlamentario dice desconocer su identidad: Juan Carlos Sepúlveda.
“Desconocemos a quién pertenece el RUT respecto de la carga de combustible del día 28 de junio de 2019. No es de nadie que trabaje con nosotros ni ha formado nunca parte de nuestros equipos. Pediremos a la Secretaría General del Senado que pueda hacer una investigación para ver de qué forma se pudo vulnerar el sistema”, aclaró.