Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina y actual vicepresidenta trasandina, fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en marco de la causa Vialidad. Por otra parte, fue absuelta por delitos de asociación ilícita en la causa.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso sentenciaron a Cristina K por su participación en irregularidades cometidas en 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna del Kirchnerismo; las cuales fueron adjudicadas a firmas del empresario Lázaro Báez durante el 2003 y 2015, en medio de los gobiernos del fallecido expresidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Diego Luciani, fiscal del caso, comenzó el juicio asegurando que “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”.
En medio del litigio, el persecutor logró probar que las licitaciones adjudicadas a Báez fueron amañadas, que dichas empresas no tenían la capacidad suficiente para ejecutarlas y que, pese a que la mayor parte de las obras no se terminaron, el empresario cobró la totalidad de los pagos.
Ante los antecedentes, Luciani pidió una condena de 12 años tanto a Cristina Fernández como al empresario. En tanto, se solicitó una pena de 10 años al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; misma pena se pidió para el ex director de Vialidad Nacional de Santa Cruz, Nelson Periotti y al ex secretario de Obras Públicas, José López.
Desde la Fiscalía avaluaron el perjuicio fiscal en 5.231 millones de pesos argentinos, por lo que se pidió el decomiso de bienes de los acusados por ese monto. También se pidió un decomiso para las empresas Báez y una docena de estancias compradas por el empresario y sus hijos.
En tanto, la defensa rechazó las acusaciones y reclamó la absolución. Como la condena fue sentenciada en primera instancia, Fernández puede apelar en marzo próximo a la decisión del tribunal, para que sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal y posteriormente, la Corte Suprema. Por lo pronto, no irá a prisión por contar con fuero.
