Luego de varias semanas de anticipación, el Partido Republicano presentará este lunes 14 de agosto una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

“Hemos llegado a la conclusión de que existe el mérito suficiente”, aseguró el diputado y jefe de bancada de los Republicanos, Benjamín Moreno.

¿Por qué se hará una acusación constitucional en contra del ministro Jackson?

Moreno explicó que se realizará una acusación constitucional en contra del ministro Jackson por “comprometer gravemente el honor de la nación, infringir la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución”.

El diputado remarcó que “la mayoría de los chilenos sabe que el ministro Jackson es el rostro de la corrupción en nuestro país”.

En concreto, el diputado se refiere a las investigaciones del Caso Convenios por los traspasos de dinero del Gobierno a fundaciones.

Cabe recordar que Revolución Democrática (RD), el partido político que fundó Giorgio Jackson, se vio duramente afectado por este caso, ya que varios de sus involucrados militan en RD.

Pese a ello, el Gobierno respalda al ministro Boric y aseguran que no tiene relación con los hechos del Caso Convenios.

En enero de este año, el Partido Repúblicano ya había presentado una acusación constitucional en contra de Giorgio Jackson, sin embargo esta fue desestimada. Lo mismo ocurrió con otros tres ministros del Presidente Gabriel Boric: Izkia Siches, Marcela Ríos y Marco Antonio Ávila.

¿Qué es una acusación constitucional?

La acusación constitucional es un mecanismo mediante el cual el Congreso Nacional tiene la facultad de destituir a un alto funcionario público, como un ministro en este caso, que haya incurrido en faltas graves o violaciones a la Constitución y a las leyes.

El proceso generalmente sigue estos pasos:

  • Presentación de la acusación: Un grupo de diputados o senadores debe presentar la acusación en contra del funcionario en cuestión, alegando las razones y fundamentos que consideran constituyen las faltas graves o violaciones cometidas.
  • Admisibilidad: La Cámara de Diputados debe revisar la acusación y determinar si cumple con los requisitos de forma y fondo. Si se considera admisible, la acusación se somete a debate y se forma una comisión especial que investigará los hechos y presentará un informe.
  • Investigación: La comisión investigadora realiza un análisis exhaustivo de los argumentos presentados en la acusación. Esto puede incluir el llamado a testigos, revisión de documentos y presentación de pruebas.
  • Debate y votación en la Cámara de Diputados: Después de la investigación, se lleva a cabo un debate en la Cámara de Diputados, donde se exponen los argumentos a favor y en contra de la destitución. Al finalizar el debate, se procede a la votación. Se requiere una mayoría simple de los diputados presentes para aprobar la acusación.
  • Remisión al Senado: Si la acusación es aprobada en la Cámara de Diputados, se remite al Senado para que este cuerpo realice un nuevo juicio.
  • Juicio en el Senado: En el Senado se realiza un nuevo debate y votación. Para que la acusación sea aprobada y el funcionario destituido, se requiere una mayoría de los senadores presentes, siempre que al menos dos tercios del total de los senadores estén presentes durante la votación.
  • Consecuencias de la aprobación: Si el Senado aprueba la acusación constitucional por la mayoría requerida, el funcionario acusado es destituido de su cargo inmediatamente y, además, se le prohíbe ejercer cargos públicos por un período de cinco años.

¿Qué pasa si se aprueba?

Si una acusación constitucional contra un ministro es aprobada por ambas cámaras del Congreso, las consecuencias para el ministro son:

  • Destitución del cargo: El ministro acusado es destituido de su cargo de manera inmediata. Esto significa que pierde su posición y sus responsabilidades como ministro.
  • Prohibición de ejercer cargos públicos: Además de la destitución, el ministro también enfrenta una prohibición de ejercer cargos públicos por un período de cinco años a partir de la fecha de la destitución.