El 26 de abril de 2016 fue un día que los hinchas de Deportes Concepción jamás olvidarán. En esa jornada, el Consejo de Presidentes de la ANFP votó su desafiliación por deudas contraídas por el mismo organismo, que en aquellos años era presidido por Sergio Jadue.

El ex dirigente, quien hoy se encuentra en Miami como testigo protegido del FBI por el FIFA Gate, entregó préstamos directos a Concepción y Unión La Calera.

En esos momentos, estas dos instituciones estaban ligadas a personas de extrema confianza de Jadue: Nibaldo Jaque era secretario general de la ANFP y uno de los controladores de Fuerza, Garra y Corazón (administradora del equipo de la Octava Región) y Sabino Jadue presidente de los caleranos y tío de Sergio. Los créditos recibidos por estas instituciones fueron avalados con los futuros derechos televisivos de los clubes.

Hoy, el directorio presidido por Pablo Milad, le está solicitando a la corporación Club Social de Deportes Concepción el pago de esta deuda que fue concebida bajo la administración de Jaque, Pablo Tallarico y Adolfo Sabando.

Deportes Concepción sufre en la actualidad por una antigua deuda con la ANFP

“Esperamos que esto tenga una solución que no perjudique a nuestra institución, que ya se ha visto muy dañada por malas administraciones anteriores”, sostuvo Diego Livinsgtone, presidente de Deportes Concepción.

La deuda de Concepción con la ANFP

Votada la desafiliación de Deportes Concepción, la corporación Club Social interpuso un recurso de protección para revertirla, en conjunto con otras entidades, cuestionando la legalidad de la misma. No obstante, no fue acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago ni, posteriormente, por la Corte Suprema.

El 2018, la corporación Club Social solicita a la ANFA su reincorporación al fútbol, postulando a la Tercera División B, por lo que se le solicitó dentro del cuaderno de cargos de la postulación adjuntar un “certificado de no deuda de la ANFP”.

La ANFA desconoció conjuntamente con la Asociación que el desfalco generado por la concesionaria, en la administración Jadue, era responsabilidad del ente rector y, por lo tanto, obligó al Club Social a firmar un reconocimiento de deuda respecto a todos los montos defraudados.

Dentro de ese acuerdo, la ANFP se comprometió a realizar una auditoría forense, pero nunca se realizó. La corporación Club Social también se querelló contra quienes resultaran responsables por la defraudación efectuada y que provocó la desafiliación. Sin embargo, esta arista de la investigación fue archivada por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago.

En la actualidad el organismo de Quilín, que arrastra graves problemas económicos, está solicitando el pago de esta deuda a la corporación Club Social, que en un comunicado de prensa aclaró que “la actual Sociedad Anónima Deportiva a cargo del fútbol profesional del club, no tiene ninguna relación con esta demanda civil”, agregando que “llegó a la institución a través de la aprobación de la asamblea a de socio”.