El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayler, desechó de plano que la existencia la práctica de “manga ancha” en materia migratoria e informó que se han decretado más de 1.500 expulsiones.

Una de las críticas surgidas al gobierno es en materia migratoria y una supuesta actitud ‘permisiva’ en relación a la baja cantidad de expulsiones administrativas que se han llevado a cabo. Thayler indica que, si bien se han decretado más de mil expulsiones administrativas, la mayoría no se pueden llevar a cabo por la excesiva burocracia de la nueva Ley de Migraciones que entró en vigencia en febrero pasado.

En conversación con radio Cooperativa, la autoridad migratoria descartó “categóricamente que haya manga ancha” respecto a las expulsiones y explicó que en el servicio “cumplimos dos funciones en el proceso: contribuimos a la materialización de las expulsiones a través de la coordinación con las líneas aéreas o la FACH, y eso ocurre con las expulsiones judiciales y las administrativas, apoyando a la PDI”.

Según los datos del director de Migraciones, a la fecha “hemos dictaminado más de 1.500 decretos de expulsiones administrativas”, sin embargo, “tenemos un problema con el proceso de notificación y materialización, que ha sido baja porque la ley cambió”.

Thayler explicó que, dentro de la nueva Ley de Migraciones entrada en vigencia desde febrero pasado, “quedó demasiado complejo y burocrático el proceso de notificación y materialización de expulsiones” y es por lo mismo que el trabajo del ejecutivo en los últimos meses se ha centrado en agilizar las expulsiones.

“El proceso es sumamente burocrático, y por lo mismo este Gobierno ha propuesto una modificación al procedimiento, porque necesitamos agilizar y materializar más expulsiones administrativas”, sostuvo.

Según la normativa vigente desde principios de año, se deben efectuar dos notificaciones presenciales a la persona implicada antes que la Policía de Investigaciones (PDI) pueda concretar la expulsión. Todo aquello en un plazo de 22 días, tiempo suficiente para que la persona notificada cambie su residencia.

“Se debe notificar personalmente al afectado, que dispone de 10 días para presentar sus descargos. Luego de ese plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero” y “una vez que firme la expulsión, la PDI debe ir a buscar al extranjero para materializarla en 48 horas”, explicó Thayler.