Durante las últimas horas se dio a conocer que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y Enel llegaron a un acuerdo para compensar a los más de 100 mil hogares que se encuentran sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana debido al sistema frontal que azotó la zona centro central del país hace algunos días.
Esta situación podría reavivar un antiguo debate sobre los problemas del sistema de distribución eléctrico y la posibilidad de soterrar las redes, esto quiere decir que se encuentren bajo tierra.
Situación actual del tendido eléctrico
Según informes de Enel, consultados por la Universidad de Chile en 2017, la empresa encargada de la distribución eléctrica en 33 comunas de Santiago, existen aproximadamente 13.300 kilómetros de tendidos eléctricos, de los cuales solo tres mil kilómetros están soterrados, principalmente en la comuna de Santiago.
La mayoría de estos proyectos se llevaron a cabo en la década de los ochenta. No obstante, seis mil kilómetros de estos tendidos están en desuso, lo que añade al problema de la “chatarra aérea” que afecta tanto a la estética urbana como a la seguridad.
En aquella época estaba una iniciativa en curso en Avenida Vitacura, la cual soterreó 1,8 kilómetros de cables. Un proyecto inicialmente financiado por la municipalidad y reembolsado por Enel Distribuición.
Expertos de la Universidad de Chile mencionaron que existen altos costos asociados con el soterramiento, esto porque instalar un kilómetro de cable aéreo cuesta aproximadamente 40 millones de pesos, mientras que el mismo tramo soterrado supera los 250 millones. Estos costos, inevitablemente, se trasladan a los consumidores, ya sea directa o indirectamente.
Proyecto y legislación
En mayo de 2023, los Diputados Sergio Bobadilla, Eduardo Cornejo, Juan Fuenzalida, Daniel Lilayu, Marco Antonio Sulantay, Renzo Trisotti y las Diputadas Flor Weisse, Marta Bravo, Natalia Romero y Marlene Pérez, presentaron la moción para un proyecto de ley que establezca por ley instalar los cables de manera subterránea.
El proyecto busca eliminar la contaminación visual y mejorar la seguridad de los cables eléctricos y de telecomunicaciones, así como prevenir el robo de cables, un problema recurrente en algunas áreas.
Esto consta de tres artículos principales:
Artículo Primero:
- Obligación de soterramiento: Las empresas de electricidad, telefonía, televisión por cable, internet y cualquier otra que preste sus servicios a través de un sistema de cableado deberán adoptar las medidas necesarias para reinstalar los cables aéreos mediante el soterramiento de los mismos. Esta disposición también se aplica a la instalación de nuevos cables.
Artículo Segundo:
- Prioridad a cascos históricos: El procedimiento de soterramiento deberá dar prioridad a los cascos históricos de Chile que hayan sido declarados monumentos nacionales. Este artículo busca proteger y embellecer zonas de alto valor cultural y patrimonial.
Artículo Transitorio:
- Plazos de implementación: La exigencia de las disposiciones establecidas en la norma comenzará a regir en el plazo de tres años contados desde su publicación para la instalación de nuevos cables. Para la reinstalación de los cables aéreos existentes, el plazo es de cinco años.
Hasta el momento la moción se encuentra en estado de Primer trámite constitucional y desde el 10 de mayo de 2023 no ha tenido movimiento, puedes consultar la información acá.
