Desde Colchane, comuna gravemente afectada por la ola de inmigración irregular que vive Chile, la Ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que enviará al Congreso una nueva Ley de Migraciones, con la que se busca facilitar los procesos de expulsión.

La ministra aseguró que con el proyecto se pretende hacer frente a la migración por pasos irregulares y perseguir a delincuentes que ingresen desde el extranjero. Según Siches, el Gobierno enfrentará “de forma decidida y clara la migración por pasos irregulares”.

“Aquellas personas que pretendan ingresar a nuestro país por pasos irregulares, decirles muy claramente que eso no está permitido en Chile, como también aquellas personas que pasen por los distintos pasos irregulares o regulares que vengan a delinquir a nuestro país, a hacerle daño a nuestra ciudadanía y a nuestra patria, los vamos a perseguir, procesar y expulsar de Chile”, sostuvo la secretaria de Estado.

En esa línea, la jefa de Gabinete explicó los alcances de la nueva Ley de Migraciones. “Como Gobierno hemos definido, en primer lugar, presentar un proyecto de ley que modifique la reciente ley migratoria aprobada en el Parlamento y facilite el proceso de expulsión, simplificando los procesos de notificaciones”.

“Hemos implementado esta ley y nos hemos dado cuenta de la burocracia que hace difícil la operatividad tanto de la Policía de Investigaciones como del aparataje del Estado que pretende dar señales claras a aquellas personas que quieran ingresar a nuestro país”, puntualizó.

Además, la ministra Siches anunció una nueva prórroga del Decreto 265, que permite “las capacidades y apoyo por parte de las Fuerzas Armadas”, esto con el fin de “seguir apoyando tanto en lo logístico, transporte y tecnología a los carabineros y los policías de Investigaciones que están cumpliendo su labor en la zona”.

“Decretos como estos requieren un abordaje más permanente. Lo que hemos viviendo en relación a la situación migratoria no es solo episódico, sino que es muy probable que se repita también en el futuro. Es por ello que creemos que nuestro país tiene que caminar hacia un cuerpo especializado que, más allá de estos decretos, definan expertiz y capacidades para proteger nuestras fronteras de forma permanente”, añadió.

Junto a ello, la secretaria de Estado comprometió la compra de equipamiento y tecnología para las distintas instituciones encargadas del control migratorio. La inversión será de más de $5.700 millones e irá dirigida al control de la migración, tráfico de drogas y trata de personas.

En detalle, se adquirirán cámaras térmicas, visores nocturnos, detectores de drogas, escáner, drones, cámaras GoPro, equipos de Rayos X y de inspección; los que irán dirigidos a Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar).